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Estudio revela vínculos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con George Soros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (también conocido como «Tribunal de Estrasburgo») es el Tribunal destinado a enjuiciar, bajo determinadas circunstancias, las posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y en sus Protocolos por parte de los Estados parte de dicho Convenio. La credibilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está en ruinas después de que un escrupuloso estudio realizado por el Centro Europeo de Derecho y Justicia en Estrasburgo ha revelado varios conflictos de intereses entre 1/4 de los jueces del tribunal y las ONG financiadas por el agente del imperio británico, George Soros. La investigación demuestra, además, que el órgano supremo de derechos humanos de Europa no es, de hecho, independiente, sino que es parte de una verdadera “industria de derechos humanos”: una pirámide de dinero y una estrecha red de relaciones profesionales en cuya parte superior se sienta el establishment británico.

 

por John Laughland

El Centro Europeo de Derecho y Justicia es una ONG que a menudo aparece en el tribunal para hacer campaña en temas sociales, familiares y religiosos. Me enorgullece ser incluido como investigador en el ECLJ, pero en realidad solo he escrito un artículo para el sitio web del centro y no recibo ningún salario. No tuve ningún papel en la redacción del informe.

El estudio encontró que, de los 100 jueces que han servido en el banquillo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el período 2009-2019, casi una cuarta parte (22) tienen fuertes vínculos con la Open Society Foundation de George Soros o con las ONG como Amnistía Internacional y otros financiados por ella. Human Rights Watch, por ejemplo, ha recibido $ 100 millones de la Open Society Foundation desde 2010.

Algunas de las ONG reciben gran parte de su presupuesto de Soros que, en efecto, son subsidiarias de su fundación.

Los vínculos entre los jueces y las ONG son sustanciales. Incluyen trabajar durante años como miembros de la junta directiva o del consejo ejecutivo de estas ONG; tener puestos de enseñanza en institutos financiados por ellos; ser director asalariado de programas para la Open Society Foundation o las ONG asociadas; y emprender otras formas de trabajo remunerado para ellos. La lista completa de estos enlaces se puede encontrar en las páginas siete y ocho del informe.

Un buen ejemplo es el del búlgaro Yonko Grozev, quien, como líder de la Open Society Justice Initiative, defendió el caso Pussy Riot contra Rusia en 2018 antes de ser elegido como juez de la corte poco después.

El estudio no incluye formas menos formales de colaboración con las ONG, como el trabajo ocasional para ellas (véase la nota 15 del informe). Esto significa que los enlaces son incluso mayores que los abordados específicamente en el estudio.

El informe también cubre a otros funcionarios de derechos humanos, como el comisionado de derechos humanos en el Consejo de Europa de 2012-2018 (Nils Muiznieks), que no se desempeña como juez pero que durante años fue un activista asalariado de la Open Society Foundation en Letonia y que ha utilizado su posición oficial para hacer campaña contra la llamada legislación “anti-Soros” en Hungría.

Estas ONG son extremadamente activas en el TEDH. La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos en Polonia presentó 16 solicitudes y defendió 32 casos, solo en 2017. Muy a menudo, el papel desempeñado por las ONG no aparece en los registros del tribunal, sino que debe descubrirse a partir de los propios informes de las ONG. Por ejemplo, un caso puede ser defendido por abogados de una ONG con declaraciones escuchadas de otras ONG como terceros, a pesar de que las otras organizaciones están financiadas por la misma fuente que el solicitante, generalmente Soros.

No habría nada malo en que los jueces hayan ejercido una actividad asalariada para una ONG antes de convertirse en jueces si estas mismas organizaciones no estuvieran activas como partes que presentan casos ante el TEDH, ya sea como solicitantes, como abogados de solicitantes o como terceros que presumen evidencia supuestamente experta (pero en realidad presionan por una causa), y si esos jueces no escucharon esos casos.

De hecho, el peor hallazgo del informe es que, en 88 casos, los jueces se sentaron en el banquillo resolviendo los casos llevados a la corte por las ONG para las que habían trabajado anteriormente, sin declarar un conflicto de intereses y sin retirarse de escuchar los casos (ver página 15 del informe y anexos 1 y 2.) En un caso, dictaminado en 2018, 10 de las 14 ONG que habían presentado el caso fueron financiadas por la Open Society Foundation, mientras que seis de los 17 jueces que escucharon el caso tenían vínculos al mismo grupo financiado por Soros.

La negativa de los jueces a retirarse es un fracaso profesional vergonzoso que demuestra que el órgano supremo de derechos humanos de Europa no es, de hecho, independiente, sino que es parte de una verdadera “industria de derechos humanos”: una pirámide de dinero y una estrecha red de relaciones profesionales en cuya parte superior se sienta George Soros con sus miles de millones. Se supone que las ONG representan a la “sociedad civil” independiente de los estados; en realidad, un gran número de ellos son la creación de actores sin legitimidad democrática, como la Open Society Foundation.

El hecho de que este sistema corrupto haya podido prosperar tiene varias causas. La primera es que Soros y las ONG que financia dominan la industria de los derechos humanos en los Balcanes y en los estados bálticos. Sus millones inundan estos pequeños países pobres (ha gastado $ 131 millones en Albania desde 1992, por ejemplo) y, a su vez, nombran jueces para el TEDH, que regula las cuestiones de derechos humanos para los 47 estados miembros del Consejo de Europa. De hecho, el informe revela que el gasto total de la Open Society Foundation en Europa, $ 90 millones al año, en realidad excede el presupuesto anual del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ($ 70 millones).

En segundo lugar, los nuevos procedimientos introducidos en 2012 prevén específicamente que las ONG participen en el procedimiento de selección de jueces en el TEDH. Estas ONG pueden proponer candidatos y pueden presionar para su selección. Lo han hecho en muchas ocasiones, como lo muestra el informe. En el caso de Albania en 2018, por ejemplo, dos de los tres candidatos eran ejecutivos de la Open Society Foundation; uno de ellos fue elegido.

Finalmente, no existe el requisito de que las personas nombradas para ser jueces en el TEDH tengan alguna experiencia judicial. Unos 51 de los 100 jueces que se han sentado en el banco del TEDH desde 2009 nunca antes habían sido jueces o magistrados. En cambio, a menudo eran activistas de derechos humanos que trabajaban para Soros o una de sus organizaciones principales.

Esta es una debilidad estructural que también afecta a los tribunales internacionales de crímenes de guerra. Como mostré en mi libro, “Travesty”, significa que las personas pueden ejercer el poder judicial sin ser jueces o magistrados capacitados o incluso necesariamente abogados, sino meros activistas políticos. En algunos casos muy atroces, las personas se han convertido en jueces en los bancos de estos tribunales sin siquiera tener un título en derecho.

El resultado es que los jueces que se sientan en estos cuerpos, de hecho, no se comportan como deberían hacerlo los jueces. El papel del juez es decir qué es la ley, no decir qué cree que debería ser la ley. Desafortunadamente, esto es exactamente lo que hacen los jueces del TEDH y de los nuevos tribunales internacionales. En 1978, el TEDH proclamó que la Convención era “un instrumento vivo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones actuales” y que, por lo tanto, sus jueces tenían el derecho de leer cosas nuevas en la Convención en lugar de aceptar estar obligados por ella. Tal activismo judicial es una parodia del estado de derecho.

Es una parodia porque las áreas en las que los jueces del TEDH ejercen su activismo judicial son precisamente los temas políticamente más sensibles, que deberían ser decididos adecuadamente por los políticos en los parlamentos elegidos, o por referendos, y no por una casta de élite de activistas no responsables. Esas áreas incluyen libertad de expresión, asilo, derechos LGBT, condiciones de detención, derechos de las minorías, etc. Usando su libertad para inventar la ley, los jueces del TEDH han aplicado durante décadas una nueva visión del hombre que es lo contrario de la intención original de la Convención, que era proteger a los seres humanos y sus familias del poder estatal abusivo. Ahora el TEDH pasa la mayor parte de su tiempo exigiendo más poder estatal para esta o aquella causa de moda.

George Soros ha sido atacado durante mucho tiempo por el excesivo poder político que su gigantesca fortuna ha comprado, especialmente en la Europa oriental poscomunista. Sin embargo, este informe del Centro Europeo de Derecho y Justicia es una de las primeras ocasiones en que el efecto corruptor de ese poder se ha identificado y documentado escrupulosamente con respecto al órgano supremo encargado de proteger los derechos humanos en Europa. Hasta la fecha, el TEDH no ha negado ninguno de los hechos descritos en el informe y, en la medida en que estos hechos no se pueden negar porque provienen del propio TEDH, su credibilidad como órgano judicial independiente ahora está en ruinas.

 

Fuentes:

European Centre for Law and Justice — NGOs and the judges of the ECHR, 2009 – 2019.

John Laughland / RT — Credibility of European Court of Human Rights lies in ruins after judges’ links to Soros revealed.

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