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Nuevos documentos judiciales sugieren que el Departamento de Justicia bajo cuatro presidentes encubrió el blanqueo de dinero de Jeffrey Epstein en JPMorgan Chase

Wall Street On Parade hace eco de un nuevo documento presentado la semana pasada ante el tribunal federal de Manhattan que lleva el caso muestra que el 6 de septiembre de 2007, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida (parte del Departamento de Justicia de EE.UU.) dio seguimiento a una citación que había emitido a Bear Stearns, exigiendo recibir “una lista de cuentas en otras instituciones financieras a las que Bear Stearns haya transferido o de las que haya recibido dinero en nombre del Sr. Epstein…”.

Lo peculiar de esta carta es que una agencia federal de aplicación de la ley está pidiendo a un banco privado que le ayude a localizar las otras cuentas bancarias de Epstein cuando tiene esa información fácilmente accesible en dos bases de datos federales: la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) y el Sistema de la Reserva Federal, que gestiona la transferencia de fondos entre bancos y otros.

Mientras una sensacional teoría de la conspiración sobre una pizzería de Washington D.C. acaparaba la atención de las redes sociales en 2016, una sofisticada red real de tráfico sexual de menores operó impunemente durante más de una década desde JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos.

Documentos internos obtenidos de JPMorgan Chase durante un juicio federal sugieren ahora que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo la vista gorda ante la facilitación por parte del banco de los delitos de tráfico sexual de Jeffrey Epstein durante más de 16 años, abarcando cuatro administraciones presidenciales estadounidenses.

En lugar de llevar a cabo una investigación penal, la Fiscalía de las Islas Vírgenes de Estados Unidos está dirigiendo una demanda civil, lo que plantea interrogantes sobre la complicidad del gobierno en el asunto. A pesar de las numerosas pruebas, no se han presentado cargos contra JPMorgan Chase, lo que subraya la necesidad de que un abogado especial independiente investigue las acciones del banco.

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