The Guardian hace eco de una investigación llvada a cabo por el periódico Observer, según la cual, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña —concretamente el Departamento de Educación, (DfE)— ha estado controlando las cuentas en las redes sociales de “docenas” de miembros del personal docente ordinario, incluidos los ayudantes de cátedra, y está archivando las publicaciones que critican las políticas educativas.
Este seguimiento, que inicialmente se pensó que estaba dirigido únicamente a destacados expertos en educación, es generalizado y abarca incluso al personal con salarios bajos.
Educadores indignados han presentado solicitudes de acceso a sujetos (SAR) para obligar al DfE a revelar información contenida bajo sus nombres, descubriendo archivos detallados, algunos de hasta 60 páginas, que documentan sus tweets y comentarios que desafían las políticas gubernamentales y la inspección escolar, Ofsted.
Además, el DfE intentó silenciar a los críticos amenazando con retirar la financiación de conferencias y restringiendo el contenido de los discursos, lo que generó preocupaciones sobre la libertad de expresión y la interferencia del gobierno en el discurso educativo.
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