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El nuevo proyecto de ley de energía de los Lores del Reino Unido podría llevar a los británicos a la cárcel por no cumplir las ‘sectarias’ normas de emisión cero

Originado en la Cámara de los Lores (sesión 2022-23), el proyecto que se encuentra en su última fase de examinación antes de la aprobación del Rey, ha sido descrito por analistas y parlamentarios como una “expansión masiva del Estado y de su poder sobre nuestras vidas” y como un ataque a la libertad y a la propiedad de la vivienda. A pesar de la creencia ampliamente aceptada en todo el mundo, la aristocracia británica no desempeña un papel meramente simbólico o folclórico. En el sistema político británico, la monarquía desempeña un papel fundamental, respaldada tanto por la nobleza, que posee la mayoría de las propiedades inmobiliarias y está representada en la Cámara de los Lores, como por el monarca en sí. El monarca británico ostenta el cargo de comandante en jefe y supervisa la justicia militar. Además, el monarca también ocupa el papel de líder de la Iglesia anglicana, que también tiene representación en la Cámara de los Lores, y ahora actúa como protector de otras religiones. Las decisiones que se toman en el Reino Unido, habitualmente son adoptadas enseguida por la zona de influencia de la Commonwalth, es decir la angloesfera y los países del Occidente colectivo neoliberal-ultraglobalista.

 

El nuevo proyecto de ley de energía de los Lores del Reino Unido podría llevar a los británicos a la cárcel por no cumplir las ‘sectarias’ normas de emisión cero

 

 

La Cámara de los Lores del Reino Unido ha propuesto nuevas regulaciones de eficiencia energética en el Proyecto de Ley de Energía, lo que podría dar lugar a penas de prisión de hasta un año o multas de £15.000 por incumplimiento por parte de empresas y propietarios.

Las regulaciones son parte del compromiso del gobierno de lograr la neutralidad de carbono para 2050. Incluyen mandatos para que los electrodomésticos tengan funciones inteligentes controladas por la Red Nacional, un requisito que la mayoría de los hogares no cumplen actualmente.

Los parlamentarios conservadores secundarios han expresado su preocupación por el proyecto de ley, y algunos lo ven como una expansión draconiana del poder estatal y una amenaza a la libertad.

 

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Los críticos argumentan que impone cargas y sanciones indebidas a individuos y empresas, criminalizando potencialmente a quienes no cumplen con los estándares de eficiencia energética.

El 6 de septiembre, el líder del Heritage Party y ex miembro de la Asamblea de Londres para Londonwide, David Kurten, publicó un vídeo titulado “El Proyecto de Ley de Energía es un ataque a la libertad y a la propiedad de la vivienda”, en el que expresa su preocupación por las implicaciones del proyecto de ley de energía del Reino Unido, que recientemente pasó su tercera lectura en la Cámara de los Comunes.

 

 

Kurten sostiene que el proyecto de ley, que incluye disposiciones relacionadas con regulaciones energéticamente inteligentes y regulaciones de rendimiento energético, amenaza los derechos y libertades de propiedad de los propietarios.

Señala que el proyecto de ley otorga al Secretario de Estado amplios poderes para regular el uso de electrodomésticos y electrodomésticos energéticamente eficientes, lo que podría permitir restricciones sobre cuándo se pueden usar ciertos electrodomésticos.

Además, el proyecto de ley amplía el impulso a los contadores inteligentes y permite delitos penales por obstruir a los inspectores que examinan los contadores de energía y los aparatos eléctricos en los hogares.

“Quieren que todo el mundo tenga un contador inteligente para que otra persona pueda controlar a distancia tu electricidad y apagarla y encenderla a distancia con sólo pulsar un interruptor, y de acuerdo con cualquier normativa que se apruebe. Así de antidemocrático es ahora el sistema en el Reino Unido”.

Las regulaciones de eficiencia energética tienen como objetivo hacer cumplir estándares netos cero para los edificios, lo que podría llevar a que los edificios más antiguos se consideren no conformes, lo que podría resultar en multas, encarcelamiento o adquisición y demolición forzada por parte del gobierno de propiedades que no cumplen, afectando particularmente a los edificios históricos.

 

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