Los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que supuestamente debían “constatar que los planes de Japón de verter al mar las aguas tratadas en Fukushima se ajustan a las normas internacionales de seguridad”, fueron financiados por el gobierno estadounidense y otros aliados.
Según Reuters, las naciones insulares del Pacífico habían pedido a Japón que retrasara el vertido de aguas residuales nucleares hasta que científicos de otras naciones pudieran verificar las afirmaciones de Japón. No parece que esto se permitiera, más allá de aliados cercanos como los Estados Unidos.
