La ley antiterrorista británica justifica el terrorismo de Estado. Gran Bretaña es un país que encarcela ilegalmente y tortura al periodista Julian Assange y ahora es un país que ataca indiscriminadamente a sus propios ciudadanos si no están de acuerdo con el reino. Esta es la definición más orwelliana de un Estado totalitario.
Por Vanessa Beeley
El 30 de noviembre de 2021 fui aprehendida y detenida en la Terminal 3 de Heathrow en virtud de la Schedule 3 Counter Terrorism and Border Security Act 2019 por dos agentes de policía vestidos de civil. Me interrogaron durante seis horas (el tiempo máximo de detención). Mis maletas fueron registradas por un equipo de agentes de policía uniformados. Se descargó todo el material de mi teléfono móvil.
Como yo era (creo) la primera de lo que sería una serie de detenciones de ciudadanos británicos -periodistas o personas con opiniones contrarias a la política exterior del Reino Unido-, no tenía precedentes en los que basarme para desenvolverme en el procedimiento. Me dijeron que si no entregaba mi teléfono móvil, mis contraseñas, etc., me detendrían. Me dijeron que no tenía más remedio que dar mi ADN, mis huellas dactilares y hacerme una foto como si fuera un presunto delincuente.
Las preguntas que me hicieron estaban relacionadas con mi trabajo en Siria y, en especial, con mi labor de denuncia de la organización británica Cascos Blancos, creada por la FCDO e integrada exclusivamente en grupos armados ilegales dominados por Al Qaeda desde su creación en 2013 en Turquía y Jordania, por un antiguo oficial de la inteligencia militar británica, James Le Mesurier.
Desde que se produjeron los hechos, mi abogado ha solicitado copias de mis consentimientos firmados y un registro escrito de mi detención, cosas ambas que me prometieron los agentes que me interrogaron. Hasta la fecha, no se ha recibido nada.
También hemos solicitado la siguiente información:
“Si la posición del MPS es que el material ha sido copiado y conservado de conformidad con el Programa y el Código, por favor explique qué medidas se han tomado en relación con el teléfono y el material contenido en él desde que fue tomado de mi teléfono el 30 de noviembre de 2021 y por qué estas medidas son legales y autorizadas. ¿Se ha facilitado este material a terceros? En caso afirmativo, ¿por qué y con qué fin?
¿Podría también verificar que no tenía derecho legal a rechazar la prueba de ADN y las huellas dactilares? ¿Podría decirme qué se hará con estos elementos? ¿Se almacenan o se destruyen? Si se almacenan, ¿con qué fin específico?”
Hasta la fecha, el sector jurídico de la Policía Metropolitana no ha dado ninguna respuesta.
Ayer me alertaron sobre el caso de John Laughland, autor, historiador y Director del FVD – Foro para la Democracia, el mayor partido político de los Países Bajos, con 60.000 miembros.
John Laughland es autor de Travesty: the Trial of Slobodan Milosevic and the Corruption of International Justice. En 2007, Laughland escribió en The Guardian:
“Las acusaciones contra Milosevic sobre Bosnia y Croacia se prepararon en 2001, dos años después de que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) emitiera una acusación contra él en el momento álgido del ataque de la OTAN contra Yugoslavia en 1999. A pesar de las atrocidades cometidas por todas las partes en Kosovo, las afirmaciones de la OTAN de que Serbia perseguía el genocidio resultaron ser propaganda de guerra, por lo que el fiscal del TPIY decidió reforzar un caso débil intentando “pillar” a Milosevic también por Bosnia. Se necesitaron dos años y 300 testigos, pero la fiscalía nunca consiguió presentar pruebas concluyentes contra su acusado estrella, y su caso central ha quedado ahora definitivamente anulado.”
En octubre de 2022, Laughland escribió un artículo publicado en el sitio web de la FVD titulado “El descenso de Europa al totalitarismo”. En él, Laughland describe su detención en el aeropuerto de Gatwick el 7 de octubre de 2022 a las 23.30 horas:
“El 7 de octubre de 2022, a última hora de la noche, hacia las 23.30 horas, fui detenido en el aeropuerto londinense de Gatwick por la policía antiterrorista. No fui liberado hasta poco antes de la 1 de la madrugada y me quitaron el ordenador. Aún no me lo han devuelto.
Me quitaron el pasaporte y todos mis efectos personales: la cartera, el teléfono, las llaves, todo. Me llevaron a una sala donde fui interrogado durante una hora por dos agentes de la policía antiterrorista, actuando en virtud de los poderes otorgados a la policía (como me enteré por primera vez) por el Anexo 3 de la Ley Antiterrorista y de Seguridad Fronteriza de 2019”
Laughland pasa a describir el pretexto utilizado para justificar su detención:
“La Ley está supuestamente diseñada para permitir a la policía detener a ‘agentes hostiles’ que viajan al país para ‘planificar, preparar o llevar a cabo sus actos hostiles’ (según el folleto que me dieron los agentes). Pero la propia Ley dice: ‘Un funcionario encargado de la investigación puede ejercer las facultades previstas en este apartado tanto si hay motivos para sospechar que una persona está o ha estado implicada en una actividad hostil como si no los hay’ (el subrayado es mío)[1]. Así pues, una ley aparentemente concebida para permitir la detención de agentes hostiles se aplica de hecho indiscriminadamente a todo el mundo, según sus propios términos explícitos.
Resulta ciertamente sorprendente que los poderes se ejercieran, en mi caso, contra un ciudadano británico. Normalmente, los nacionales no deberían ser interrogados de esta manera sobre sus razones para entrar en el territorio de su propio país.”
A pesar de estar “detenido”, a Laughland se le dijo que en realidad no lo estaba y que, por tanto, no tenía derecho a acceder a un abogado. Como señaló Laughland:
“Pero, por supuesto, estaba detenido, ya que me era imposible salir de la sala de interrogatorios y, más aún, del aeropuerto, sin mi pasaporte y mis efectos personales. (Me retuvieron en el “lado aire”, es decir, antes de pasar por el control de pasaportes.) Evidentemente, la palabra “detenido” se ha vaciado de todo significado.”
Según el folleto, “a diferencia de la mayoría de las demás competencias policiales, la facultad de parar, interrogar, registrar y, en caso necesario, detener a personas en virtud del anexo 3 no requiere autoridad ni sospecha alguna”. señala Laughland:
“Así pues, los poderes especiales de que goza la policía en los puertos del Reino Unido son un ‘régimen de excepción’ en el que se han dejado de lado las salvaguardias normales del Estado de Derecho.
Continúa: ‘Puede ser registrado, así como cualquier cosa que lleve consigo… esto incluye dispositivos electrónicos… cuando se realicen registros, no es necesario que se le entregue una notificación de registro por escrito. En determinadas circunstancias, el agente puede confiscar cualquier objeto que encuentre’.
¿Cuáles son esas ‘determinadas circunstancias’? Cuando protesté por el hecho de que me quitaran mi ordenador, lo que me impediría trabajar hasta que me lo devolvieran, y cuando me ofrecí a llevarlo a comisaría al día siguiente, el agente me contestó que era imposible que no se lo llevaran. En otras palabras, no se dan ‘determinadas circunstancias’. La incautación de tales dispositivos es, por el contrario, la norma.”
Laughland señala que “en un Estado de derecho, la Policía sólo puede registrar la propiedad de alguien con una orden de registro. Se trata de un documento firmado por un juez que autoriza el registro y la incautación de una propiedad privada. Si buscas “orden de registro” en Wikipedia, dice: “En ciertas naciones autoritarias, los agentes de policía pueden estar autorizados a registrar a individuos y propiedades sin tener que obtener permiso judicial o justificar sus acciones”. Según esta norma, el Reino Unido es ahora una “nación autoritaria”.
A continuación reproducimos el resto del texto del artículo de Laughland:
Los agentes me interrogaron sobre mi trabajo en el Instituto de Democracia y Cooperación de París de 2008 a 2018 y sobre mi trabajo en el Parlamento Europeo desde entonces, y más recientemente para la FVD. Toda la información que querían está disponible públicamente, por ejemplo en Wikipedia. El interrogatorio fue cortés pero chapucero.
Me preguntaron por mis opiniones políticas. El agente dijo: “Es un país libre, no todo el mundo tiene tanta suerte”. Creo que esto es lo que se llama “el sentido del humor británico”.
Los agentes me dijeron que habían tenido dos o tres horas para prepararse. Esto significa que en Londres les avisaron de mi llegada inminente en el momento en que escanearon mi tarjeta de embarque en Budapest. Todo el mundo debería saber esto.
Pasaron esas horas buscando cosas en Internet. El agente que me interrogó parecía no estar seguro de lo que realmente intentaba averiguar. Internet, como todo el mundo debería saber, es un auténtico pozo negro de información falsa y en él hay un sinfín de afirmaciones sobre mí que son falsas. Muchas de ellas se han repetido recientemente en la prensa holandesa, ya que los periodistas entran en la red, encuentran lo que buscan y repiten mentiras dichas antes por otros. En mi caso, no se cansan de contar el mismo cuento.
Ya es bastante malo que los periodistas hagan esto, pero es aterrador pensar que los agentes de la policía antiterrorista consideren Google como una fuente fiable de información. Da miedo pensar cuántos actores verdaderamente hostiles pasan por la red si esta es la idea que tiene la Policía de la investigación. Por desgracia, así está el mundo hoy en día.
Es especialmente simbólico que esto me ocurra a mí. Desde que empecé a interesarme por el derecho penal internacional hace más de 20 años, he criticado la forma en que los tribunales internacionales dejan de lado la miríada de normas y procedimientos que se han acumulado a lo largo de los siglos para garantizar el debido proceso. Los británicos están tradicionalmente orgullosos de estos procedimientos que han protegido a los ciudadanos contra el poder abusivo del Estado durante siglos. He advertido en repetidas ocasiones que estas prácticas dictatoriales pronto se filtrarían a las jurisdicciones nacionales y destruirían la preciosa herencia conocida como Estado de Derecho. Esto ya ha sucedido.
Además, desde que la UE anunció su Régimen Global de Sanciones contra los Derechos Humanos en diciembre de 2020, también he señalado que la UE se ha otorgado a sí misma el poder de castigar a individuos por orden ejecutiva. Se trata de una evolución muy peligrosa. Los individuos son castigados bajo este régimen sin ningún procedimiento legal (sin juicio) y sin ningún medio para defenderse. Demasiado para los derechos humanos. Llevo dos años advirtiendo de que los propios ciudadanos de los Estados occidentales serían objeto de estas sanciones. Así ocurrió en julio, cuando un bloguero británico, Graham Philipps, fue sancionado por el Reino Unido, que tiene el mismo sistema que la UE y Estados Unidos.
En otras palabras, yo, que he estado advirtiendo de que estos procedimientos, introducidos a nivel internacional, pronto corromperían el derecho penal en las jurisdicciones nacionales, he demostrado horriblemente tener razón con un ejemplo de este abuso del que ahora he sido víctima personalmente. Fue una experiencia profundamente perturbadora.
Poco antes de que ocurriera, FVD International tuiteó su desaprobación de las sanciones impuestas por la UE al filósofo Alexander Dugin. Como mostramos con una captura de pantalla del documento pertinente de la UE, el Consejo Europeo (es decir, el ejecutivo) sancionó a Dugin puramente por sus opiniones. En ninguna parte se alega que haya participado realmente en la invasión de Ucrania, ni siquiera que sea culpable de incitación. En cambio, se le sanciona por delitos de pensamiento.
Algunas personas a las que no les gusta Dugin se alegran de ello. Pero deberían entender que se trata de poderes gravemente abusivos que pueden dirigirse fácilmente, como en mi caso, contra personas totalmente inocentes. A tales personas no puedo encontrar mejor respuesta que las famosas observaciones del pastor Martin Niemöller:
“Primero vinieron a por los comunistas y no hablé porque no era comunista.
Luego vinieron a por los socialistas y no hablé porque no era socialista.
Luego vinieron a por los sindicalistas y no me manifesté porque no era sindicalista.
Luego vinieron a por los judíos y no hablé porque no era judío.
Luego vinieron a por mí. Y ya no quedaba nadie que hablara por mí.”
Europa se desliza hacia la dictadura. De hecho, ya está ahí.
Fin de la cita.
Desde la detención “que no fue una detención”, Laughland ha recurrido (al igual que yo) la decisión de conservar una copia de todo lo que había en su ordenador y dos jueces dictaminaron que era legítimo retener el material porque – “aunque yo [John Laughland] no estaba acusado ni era sospechoso de hacer nada, ¡podría tener vínculos con personas que podrían haber hecho algo!”. Énfasis añadido. Esto es lo que decía la sentencia:
“La razón que se ha aducido para la retención de este material no es que el Sr. Laughland haya participado en actividades de injerencia dirigidas por el Estado ruso o vinculadas a él de otro modo; es que puede estar vinculado a personas que pueden haber participado de ese modo.” Juez Lord Menzies
Como me mencionó Laughland, obsérvese el doble uso del condicional en la sentencia: “puede estar vinculado a individuos que pueden haber estado comprometidos de este modo”. Todos somos “terroristas” potenciales en este caso. Ya están advertidos: Gran Bretaña es un país que encarcela ilegalmente y tortura al periodista Julian Assange y ahora es un país que ataca indiscriminadamente a sus propios ciudadanos si no están de acuerdo con el Estado. Esta es la definición más orwelliana de un Estado totalitario.
“El totalitarismo nunca se contenta con gobernar por medios externos, es decir, a través del Estado y de una maquinaria de violencia; gracias a su peculiar ideología y al papel que se le asigna en este aparato de coerción, el totalitarismo ha descubierto un medio de dominar y aterrorizar a los seres humanos desde dentro. Hannah Arendt”
Fuente:
Vanessa Beeley: We are all potential ‘terrorists’ according to British anti-terrorism legislation. 22 de junio de 2023.
