Como advierte Oriental Revire, la ineficaz “Guerra contra las Drogas”, guiada por escándalos, corrupción e intereses estadounidenses, parece ser sólo un pretexto para intervenir en los asuntos latinoamericanos y mantener el control sobre los procesos socioeconómicos, mientras se obtienen beneficios económicos de la exportación de armas. Los grupos de presión “narcoliberales” patrocinados por Estados Unidos, integrados por delegados de las comunidades indígenas, el público en general y las partes interesadas del mundo empresarial, participan activamente en esta empresa.
Por Oriental Review
La Casa Blanca hizo de la lucha contra el narcotráfico una prioridad absoluta en 1972, cuando el Presidente R. Nixon declaró la “Guerra contra las Drogas”. Por desgracia, este problema no se ha resuelto en las últimas décadas. Los amplios esfuerzos de Washington sólo han provocado un cambio en la ruta de las drogas. Hoy en día entran en Estados Unidos cargamentos de cocaína procedentes de América Latina en lugar de heroína de Oriente Medio.
A pesar del Plan Colombia, que pretendía ayudar al Gobierno colombiano a luchar contra los cárteles de la droga y los grupos armados de izquierda con apoyo militar y diplomático, y de la iniciativa Mérida sobre la colaboración con México y las naciones centroamericanas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, la situación allí no ha mejorado significativamente. ¿Por qué han fracasado las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense?
La amplia distribución de drogas en América Latina se debe a factores históricos y a la creciente demanda de los propios Estados Unidos. Cabe señalar que la práctica de reprimir duramente a los cárteles de la droga puede no ser una táctica exitosa para las autoridades en un principio. El problema para los países latinoamericanos no son sólo los narcóticos. El problema radica en la conjunción de un lucrativo mercado de estupefacientes y la mayor fábrica de armamento del mundo en EE.UU., situada al lado. Con la financiación y el armamento estadounidenses, los cárteles de la droga pueden oponerse a las estructuras estatales.
Los programas de ayuda estadounidenses diseñados para combatir el narcotráfico en América Latina contaron con la colaboración de sus fuerzas armadas nacionales, supervisadas por el Comando Sur de Estados Unidos. Dichas colaboraciones fueron probablemente un intento de debilitar a los ejércitos de estas naciones y alinear sus acciones con los intereses de Washington. La práctica de erradicar por la fuerza los cultivos ilícitos mediante fumigación aérea ha sido objeto de críticas constantes por su ineficacia y sus efectos perjudiciales para el medio ambiente y las comunidades locales. Los estudios han demostrado que la superficie sometida a erradicación ha aumentado cada año, lo que indica el fracaso de las medidas antidroga en la región y pone de relieve la continua expansión de los cultivos ilegales.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, habla en una conferencia de prensa con el Fiscal General Merrick Garland anunciando arrestos e interrupciones de la cadena de suministro de precursores químicos de fentanilo el viernes 23 de junio de 2023 en Washington.
En la zona han aflorado varios escándalos relacionados con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. En marzo de 2015, un informe del Departamento de Justicia estadounidense detalló las transgresiones de funcionarios que celebraron fiestas conjuntas con representantes de cárteles de la droga en instalaciones de la DEA. La situación ha empeorado debido a las alarmantes estadísticas que indican que la producción y el suministro de cocaína procedente de Colombia han aumentado en los últimos años. Todo ello a pesar del despliegue de 7 bases militares por parte de EE.UU. en el país.
Se enviaron importantes cantidades de ayuda financiera a los vecinos del sur de Estados Unidos con el objetivo de luchar contra los cárteles de la droga, tanto en el marco del programa Mérida como del Plan Colombia, sin embargo, según los expertos, este dinero se utilizó, de hecho, en tramas de corrupción por parte de los fabricantes estadounidenses de armas y equipos militares, o para luchar contra gobiernos de “izquierdas” considerados indeseables por Estados Unidos. Al explotar las contradicciones internas de América Latina, Estados Unidos pretende aumentar la dependencia económica y política de la región respecto a Washington. Los ciudadanos latinoamericanos se enfrentan a unas condiciones de vida desesperadas, como la delincuencia organizada, el desempleo y la escasez de formas legales de generar ingresos, lo que provoca la emigración o el compromiso con facciones delictivas locales.
Las tasas de homicidio de la región se encuentran entre las más altas del mundo a pesar de no existir guerras ni conflictos oficiales. El Salvador, Venezuela y Honduras han registrado recientemente el mayor número de homicidios. Sólo en México se produjeron 34.000 asesinatos en 2022, y más del 91% de estos crímenes quedaron sin resolver. Los índices de delincuencia y la influencia de los cárteles de la droga están aumentando en el país. En consecuencia, es comprensible que el gobierno mexicano disolviera la unidad antidroga especializada que había estado trabajando con la DEA en abril de 2022. El personal de la división mexicana recibía entrenamiento especial en EE.UU., sin embargo, estaba bajo el control del gobierno nacional. El cese de esta unidad podría provocar un deterioro de la seguridad en la región y un aumento significativo de la demanda de drogas en Estados Unidos, donde más de 100.000 estadounidenses sucumbieron a sobredosis en 2021.
Es importante señalar que las élites políticas y los responsables de la aplicación de la ley de algunos países latinoamericanos están cada vez más frustrados con el enfoque actual de la lucha contra el narcotráfico. Esto ha llevado a la percepción de que despenalizar o legalizar las drogas podría ser una alternativa adecuada para reducir la carga de los sistemas penitenciarios. Los grupos de presión “narcoliberales” patrocinados por Estados Unidos, integrados por delegados de las comunidades indígenas, el público en general y las partes interesadas del mundo empresarial, participan activamente en esta empresa. Uruguay fue el primer país de la región en legalizar la comercialización, el cultivo y el consumo de marihuana. En 2015, el Parlamento chileno autorizó el uso de la planta de cannabis con fines medicinales y recreativos. Sin embargo, estas acciones no se traducen en una disminución del consumo de drogas ilícitas ni cumplen el objetivo de hacer que la industria de la droga deje de ser rentable.
Combatir los cárteles de la droga y abordar las desigualdades sociales puede ser la solución para reducir la violencia en el Cono Sur. Sin embargo, la “Guerra contra las Drogas” lanzada hace más de 30 años por Estados Unidos parece ser una mera fachada y un pretexto más para intervenir en los asuntos de los países latinoamericanos. El verdadero objetivo de las élites gobernantes en Washington es mantener la autoridad sobre los procesos socioeconómicos en América Latina y obtener beneficios económicos de la exportación de armas.
Fuente:
Oriental Review: Why Would Washington Want To “Drug Colonize” Latin America? 1º de noviembre de 2023.
