En un contexto de crisis en Haití, el grupo G9, una federación de pandillas liderada por Jimmy Chérizier, alias “El Barbacoa”, atacó las principales cárceles, permitiendo la fuga de 3,700 presos. Estos prisioneros posteriormente saquearon puestos policiales y la Academia de Policía. Las pandillas, aliadas, intentaron secuestrar al jefe de policía y exigen la renuncia del primer ministro, Ariel Henry.
Este último buscó apoyo internacional, viajando a Kenia para obtener respaldo para una “Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad”. Sin embargo, enfrentó desafíos legales en Kenia, donde el Alto Tribunal de Nairobi limitó la participación de la policía kenyana en misiones que impliquen riesgo de muerte en Haití.
La legitimidad de Ariel Henry como primer ministro ha estado en tela de juicio desde su ascenso en 2021 tras el asesinato no esclarecido del presidente Jovenel Moise. Entre 1957 y 2005, Estados Unidos ha intervenido constantemente en Haití, siempre echando por tierra todo gobierno democrático formado en ese país.
En las circunstancias actuales, en las que una coalición de bandas ha sitiado la capital de Puerto Príncipe y sometido a la población a una violencia implacable —asesinatos, destrucción de viviendas, secuestros— y a niveles de privación similares a los de Gaza, las “soluciones” planteadas desde Occidente para “llevar la democracia a Haití” y desplegar una “Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad para hacer frente a la actual crisis de seguridad”, no tienen ninguna relación con la realidad, como advierte EIRNS.
La situación de seguridad es terrible, pero los haitianos no quieren que una fuerza policial extranjera venga a resolver sus problemas por ellos. Como dijo el presidente brasileño Lula da Silva en la reciente reunión del CARICOM en Guyana, el desarrollo es la forma de estabilizar un país y hacer frente a los problemas de seguridad. Pero el último presidente estadounidense que habló de desarrollar Haití fue Franklin D. Roosevelt.
