Documentos citados el 19 de enero por la organización británica Campaign Against Arms Trade (Campaña contra el Comercio de Armas), revelan que en representación del gobierno británico, el barón descendiente de Guillermo IV, Lord David Cameron (también ministro de exteriores), aprobó la continuación de las exportaciones de armas a Israel, manteniendo que no existía un riesgo claro de violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que el gobierno su suspenderá la exportación de armas a Israel. Esto a pesar de las abrumadoras pruebas presentadas por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre los crímenes de guerra de Israel en Gaza.
Se han hecho públicos los documentos jurídicos del caso presentado por GLAN y Al-Haq contra el gobierno británico en relación con la venta de armas a Israel, que revelan que, a pesar de reconocer su preocupación por las posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de Israel, el gobierno ha optado por no suspender la venta de armas.
Los documentos indican que una revisión realizada por el gobierno británico evaluó sólo unas pocas violaciones del DIH, a pesar de las pruebas sustanciales presentadas en el caso de la CIJ sudafricana en el que se denunciaban crímenes de guerra en Gaza.
La unidad de evaluación expresó “serias preocupaciones” sobre el cumplimiento del DIH por parte de Israel, pero posteriormente aceptó las garantías de Israel, citando diferentes interpretaciones de las obligaciones del DIH.
El gobierno británico, presidido por el barón Lord David Cameron, aprobó la continuación de las exportaciones de armas a Israel, manteniendo que no existía un riesgo claro de violaciones del DIH.
Los documentos también confirman que el gobierno británico considera legalmente a Israel una fuerza de ocupación en Gaza.
Desde 2015, se han concedido licencias de armas a Israel por valor de más de 487 millones de libras, excluyendo las licencias abiertas. El proyecto de ley de Zarah Sultana sobre el comercio de armas (investigación y suspensión), cuyo objetivo es suspender la venta de armas a países que violan el derecho internacional e iniciar una investigación sobre el uso final de las ventas de armas, se enfrenta a posibles obstáculos durante su segunda lectura el 19 de enero, probablemente bloqueada por el gobierno conservador.
