En virtud de una nueva ley represiva, los ciudadanos británicos podrían enfrentarse a penas de cárcel por socavar la línea de seguridad nacional de Londres. Destinada a destruir a WikiLeaks y a otros que denuncien crímenes de guerra, la ley es una amenaza directa para el periodismo crítico de seguridad nacional, advierte Kit Klarenberg en un artículo publicado por The Grayzone.
En diciembre de 2023, tras 18 meses de tramitación parlamentaria, entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional británica. Bajo la égida de proteger a Gran Bretaña de la amenaza del espionaje y el sabotaje por parte de actores hostiles dentro y fuera del país, la ley introduce una serie de delitos penales completamente nuevos con severas penas -y consecuencias de gran alcance para la libertad de expresión. De hecho, los términos de la ley son tan amplios que es casi inevitable que los individuos infrinjan la ley sin quererlo, pretenderlo o incluso sin saber que lo han hecho.
Los legisladores británicos citaron explícitamente a WikiLeaks en múltiples debates parlamentarios sobre la ley. Insistieron en que el motivo de la ley era impedir y disuadir de que cualquier persona u organización volviera a hacer “revelaciones no autorizadas”. En el proceso, difamaron repetidamente al fundador de Wikileaks, Julian Assange, repitiendo como loros la narrativa manifiestamente falsa de que la exposición por parte de Wikileaks de crímenes de guerra occidentales amenazaba vidas inocentes.
En realidad, el gobierno británico desarrolló su vendetta contra Wikileaks después de haber sido expuesto en repetidas ocasiones por sus propios abusos contra los derechos humanos y el asesinato de civiles inocentes.
