El Centro para la Investigación de Políticas Económicas (CEPR), con sede en Washington DC, publicó un informe el jueves sobre los efectos de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Basado en varios estudios diferentes, el informe estima que las sanciones fueron responsables de 40,000 muertes en 2017-2018, y que hay otras 300,000 personas en riesgo debido a la falta de acceso a los medicamentos. El artículo de 27 páginas fue escrito por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, quienes determinaron que las sanciones han “infligido daños muy graves a la vida humana” en Venezuela y encajan “en la definición de castigo colectivo”, de acuerdo a las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya. Según los economistas, la pérdida de divisas, necesaria para importaciones vitales de alimentos, medicamentos e insumos productivos, causada por las sanciones de EE.UU., fue el “choque principal” que empujó a Venezuela a la hiperinflación a fines de 2017, y las sanciones también impidieron cualquier posibilidad de abordar la hiperinflación y la grave crisis económica de Venezuela. “Las sanciones están privando a los venezolanos de medicamentos que salvan vidas, equipos médicos, alimentos y otras importaciones esenciales”, dijo Weisbrot, codirector de CEPR, en un comunicado de prensa. Por su parte, Sachs agregó que “las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, conducir al cambio de régimen.”

 

Washington intensificó significativamente sus medidas coercitivas unilaterales bajo la administración Trump

Weisbrot y Sachs señalaron en el informe que las sanciones “se adaptarían a la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las que Estados Unidos es signatario.”

Si bien la orden ejecutiva de 2015 del Presidente Obama sentó las bases legales para imponer sanciones y declaró a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de los EE.UU., Washington intensificó significativamente sus medidas coercitivas unilaterales en agosto de 2017, cuando el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA fueron cortados de los mercados financieros.

Los autores sostienen que el impacto de las sanciones fue mucho más allá de los mercados financieros de EE.UU., ya que otros actores financieros internacionales “tenían buenas razones para temer que habría más sanciones que los afectaran”, algo que de hecho sucedería más adelante.

Las sanciones de agosto de 2017 afectaron gravemente la producción petrolera del país, con una pérdida de ingresos petroleros estimada de US $6 mil millones de dólares durante los 12 meses posteriores. Weisbrot y Sachs argumentan que la pérdida de divisas, necesaria para importaciones vitales de alimentos, medicamentos e insumos productivos, causada por las sanciones de EE.UU., fue el “choque principal” que empujó a Venezuela a la hiperinflación a fines de 2017. También sostienen que las sanciones impidieron cualquier posibilidad de abordar la hiperinflación y la grave crisis económica de Venezuela.

Las sanciones aumentaron significativamente en enero, luego de la auto-proclamación de Juan Guaidó como “presidente interino” con un fuerte respaldo de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro impuso un embargo de facto de petróleo que llevó las exportaciones de petróleo a Estados Unidos de un promedio de 586,000 mil barriles por día (bpd) a cero en marzo. Si los niveles actuales de producción se mantuvieran en lugar de una mayor caída, esta caída equivaldría a otros $6,8 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones perdidas.

El documento de CEPR destaca que las últimas medidas aceleraron aún más la disminución de la producción de petróleo, que se vio agravada por la crisis eléctrica de marzo. La red eléctrica venezolana también se ha visto gravemente afectada por las sanciones, ya que las autoridades no pudieron reparar el equipo, mientras que el embargo de petróleo también provocó la escasez de combustible necesaria para activar las centrales termoeléctricas de respaldo.

Weisbrot y Sachs explican que las sanciones, más allá del efecto inmediato de reducir los ingresos en divisas y los miles de millones de activos que se han congelado, tienen el efecto adicional de hacer que las transacciones financieras para alimentos e importaciones médicas sean mucho más difíciles. El riesgo de violar las sanciones de EE.UU. ha hecho que un número creciente de bancos se nieguen a trabajar como intermediarios en transacciones financieras que involucren al gobierno venezolano o empresas estatales.

 

Las sanciones fueron responsables de 40,000 muertes en 2017-2018

Basado en varios estudios diferentes, el informe estima que las sanciones fueron responsables de 40,000 muertes en 2017-2018, y que hay otras 300,000 personas en riesgo debido a la falta de acceso a los medicamentos. Esto incluye “80,000 pacientes con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, 16,000 personas que necesitan diálisis, 16,000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión.”

El informe también sostiene que las sanciones han contribuido al deterioro de la ingesta calórica de los venezolanos y a la malnutrición, con importaciones de alimentos de $2,460 millones en 2018 a $11,200 millones en 2013. Los autores advierten que la disminución en la producción de petróleo causada por las sanciones podría disminuir este número aún más en 2019.

Weisbrot y Sachs enfatizan que las sanciones son ilegales según la Carta de la Organización de los Estados Americanos, al tiempo que señalan que los funcionarios estadounidenses han dicho explícitamente que su objetivo es el derrocamiento del gobierno de Maduro.

“Las sanciones también violan la ley de los Estados Unidos”, continúan diciendo, ya que las órdenes ejecutivas se basan en la premisa de que Estados Unidos enfrenta un “estado de emergencia” como resultado de la “amenaza inusual y extraordinaria” planteada por Venezuela. “Esto tampoco tiene base de hecho”, agregan.

“El número de muertes que se avecinan este año, si las sanciones siguen vigentes, es casi seguro que será mucho más alto que lo que hemos visto anteriormente”, concluye el informe.

 

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Fuentes:

Center of Economic and Policy Research (CEPR) — Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela.

MPN News — New Report Reveals US Sanctions Have Cost 40,000 Venezuelan Lives.

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