Por Mente Alternativa
Una nueva directiva del Departamento de Defensa (5240.01), emitida el 27 de septiembre de 2024, permite al ejército estadounidense utilizar fuerza letal contra ciudadanos estadounidenses para ayudar a la policía en situaciones de disturbios civiles. Esta directiva amplía también el uso de sistemas no tripulados. Este cambio ocurre justo antes de las elecciones presidenciales de noviembre, lo que ha generado preocupaciones sobre libertades civiles.
Entre los derechos amenazados están:
- Derecho a protestar: Se teme que se supriman protestas legítimas.
- Derecho a la privacidad: La mayor participación del ejército en inteligencia podría violar la privacidad.
- Debido proceso: La intervención militar podría ignorar garantías procesales.
- Libertad de expresión: Definir amplios “amenazas a la seguridad” podría penalizar creencias políticas.
- Constitucionalmente, se cuestiona la Ley Posse Comitatus, que limita el uso del ejército en tareas policiales, y se señala que la directiva desafía la Primera Enmienda, al clasificar a críticos como posibles extremistas, lo que podría frenar la libertad de expresión.
- También se mencionan preocupaciones sobre la Cuarta Enmienda (derecho a la privacidad) y la Quinta (debido proceso).
Según el analista estadounidense Paul Craig Roberts, esto contradice la ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de personal militar para mantener el orden en EE.UU. y genera sospechas sobre las intenciones del gobierno de Biden antes de las elecciones presidenciales.
Roberts sugiere que la directiva podría estar relacionada con un posible levantamiento tras las elecciones. Otros analistas también han advertido que el ejército no debería intervenir en una insurrección vinculada a Trump. Además, se ha planteado la legalidad de una orden presidencial de eliminar a un oponente político.
Todo esto sugiere que la administración Biden se está preparando para enfrentar reacciones ante el resultado electoral. Paul Craig Roberts plantea que esta directiva podría ser parte de una estrategia para evitar que Donald Trump gane las elecciones, mediante una insurrección falsa que justifique el uso de la nueva normativa. La falta de cobertura mediática sobre el tema sugiere, según el texto, que los medios están controlados por las élites para proteger narrativas oficiales y suprimir la verdad.
