Por Mente Alternativa
En un revelador artículo publicado por Pam y Russ Martens en Wall Street on Parade, se expone cómo el presidente Donald Trump está normalizando la corrupción al suspender temporalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Esta decisión, tomada mediante una orden ejecutiva el 10 de febrero de 2025, permite a grandes bancos como Goldman Sachs y JPMorgan Chase, así como a otras corporaciones estadounidenses, sobornar a funcionarios extranjeros para obtener contratos comerciales. Los autores analizan las implicaciones de esta medida y cómo refleja una tendencia preocupante en la administración Trump.
La FCPA, promulgada en 1977, ha sido durante casi medio siglo una herramienta clave para proteger la reputación de las empresas estadounidenses y garantizar que no participen en prácticas predatorias en países vulnerables. Sin embargo, la orden ejecutiva de Trump suspende la aplicación de esta ley por 180 días, prohíbe nuevas investigaciones y ordena una revisión de los casos existentes. Según Martens y Martens, esta decisión no solo beneficia a los megabancos de Wall Street, sino que también normaliza la corrupción como una práctica aceptable en los negocios internacionales.
Los autores destacan que Goldman Sachs y JPMorgan Chase tienen un historial de violaciones flagrantes de la FCPA. Por ejemplo, Goldman Sachs pagó más de 2,900 millones de dólares en 2020 por su participación en el escándalo de corrupción de 1MDB en Malasia, mientras que JPMorgan Chase enfrentó cargos por sobornar a funcionarios chinos para obtener contratos lucrativos. La suspensión de la FCPA abre la puerta para que estas instituciones reanuden prácticas corruptas sin temor a consecuencias legales.
Martens y Martens también señalan que esta medida forma parte de un patrón más amplio en la administración Trump, que parece empeñada en “hacer que la corrupción vuelva a ser grande”. Recientemente, Trump indultó al exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, condenado por intentar vender un escaño en el Senado de Estados Unidos, y ordenó retirar los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Estas acciones, según los autores, buscan normalizar la corrupción como una práctica aceptable en la política y los negocios.
La orden ejecutiva de Trump ha generado una ola de críticas. Cinco exsecretarios del Tesoro de Estados Unidos (Robert Rubin, Larry Summers, Tim Geithner, Jack Lew y Janet Yellen) publicaron un artículo de opinión en The New York Times en el que expresaron su preocupación por la falta de ética y la inexperiencia de los actores políticos que ahora tienen acceso a sistemas críticos del gobierno, como el sistema de pagos del Tesoro, valorado en 6 billones de dólares. Estos expertos advierten que la exposición de datos sensibles y la falta de supervisión podrían poner en riesgo la infraestructura crítica del país.
Además, los Martens destacan la reacción del senador Sheldon Whitehouse (D-RI), quien resumió la agenda de Trump con una frase contundente: “Corrupción 101: Deshazte de los policías antes de enviar a los ladrones”. Esta declaración refleja la preocupación generalizada sobre la eliminación de inspectores generales y el cierre de agencias federales clave, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que fue creada para proteger a los ciudadanos de prácticas financieras predatorias.
En conclusión, las recientes acciones de la administración Trump parecen estar diseñadas para beneficiar a las élites corporativas a expensas de la integridad y la transparencia gubernamental. La suspensión de la FCPA no solo permite a grandes bancos y corporaciones sobornar a funcionarios extranjeros, sino que también erosiona la reputación de Estados Unidos como un defensor de la justicia y la equidad en los negocios internacionales. Los autores instan a los ciudadanos a estar atentos a estas prácticas y a exigir responsabilidad a sus líderes.
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