Por Mente Alternativa
En un movimiento controvertido, la administración de Donald Trump ha dado luz verde a prácticas corruptas al suspender temporalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y debilitar la Ley de Transparencia Corporativa. Según un artículo de Pam Martens y Russ Martens en Wall Street on Parade, el 10 de febrero, Trump emitió una orden ejecutiva que suspende la FCPA por 180 días, permitiendo a las corporaciones estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros para obtener contratos sin temor a investigaciones federales.
La FCPA, vigente desde 1977, fue diseñada para combatir la corrupción internacional, proteger los mercados justos y garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, la orden de Trump prohíbe a los fiscales federales iniciar nuevas investigaciones bajo esta ley y revisa las existentes para “restablecer límites adecuados”. Además, a principios de marzo, el Departamento del Tesoro, bajo la dirección del secretario Scott Bessent, anunció que no haría cumplir la Ley de Transparencia Corporativa, que exige a las empresas revelar a sus dueños reales para evitar el lavado de dinero.
Estas decisiones benefician directamente a Trump y su imperio empresarial. En 2017, USA Today reveló que varias entidades vinculadas a Trump habían trabajado con individuos acusados de lavado de dinero y crimen organizado, incluyendo figuras rusas y ucranianas. Además, Donald Trump Jr. admitió en 2008 que una parte significativa de los activos de la familia provenía de inversores rusos.
Estas medidas no solo socavan la lucha contra la corrupción, sino que también plantean serias dudas sobre los intereses personales detrás de estas decisiones. Al debilitar estas leyes, la administración Trump ha creado un entorno propicio para el lavado de dinero y los sobornos, perjudicando a empresas honestas y erosionando la confianza en el sistema financiero global.
