Por Mente Alternativa
El exministro de Veteranos, Johnny Mercer, podría enfrentar una pena de cárcel por negarse a revelar los nombres de los denunciantes que le informaron sobre supuestos asesinatos cometidos por las fuerzas especiales británicas del Servicio Aéreo Especial (SAS) en Afganistán. Durante su mandato como diputado por Plymouth Moor View, Mercer recibió información sobre presuntos homicidios y encubrimientos llevados a cabo por las fuerzas especiales en la provincia de Helmand, donde se investigan los asesinatos de 54 civiles a los que se les colocaron armas para hacerlos pasar por talibanes.
El presidente de la investigación, Sir Charles Haddon-Cave, ha rechazado la solicitud de Mercer para retener los nombres de los denunciantes, dándole un plazo hasta el 25 de julio para cumplir. Haddon-Cave destacó la necesidad de “coraje moral para hacer lo correcto”, citando los valores del Ejército Británico. Sin embargo, Mercer criticó la decisión, alegando inexactitudes y cuestionando las afirmaciones sobre su integridad moral. Afirmó que su compromiso es mantener su palabra a aquellos que le confiaron información, y acusó al presidente de intentar desacreditarlo sin fundamento. El incumplimiento de esta orden podría resultar en una ofensa criminal, sancionable con prisión o una multa.
La investigación sobre los crímenes de guerra del Servicio Aéreo Especial (SAS) británico en Afganistán, que comenzó en 2023, no ha resultado en cargos contra ningún miembro de las fuerzas especiales, aunque se recomendó procesar a tres militares sin éxito. Ahora, la atención se centra en aquellos que permitieron que estos crímenes ocurrieran, exigiendo a Mercer que revele los nombres de sus fuentes. Esta situación parece tener la intención de disuadir a otros denunciantes.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa británico se ha negado a ayudar a sus antiguos socios del ejército afgano en su traslado, dejando al personal militar expuesto a represalias por parte de los talibanes. La investigación podría quedar en suspenso, pero las pérdidas de reputación ya han afectado a las fuerzas armadas británicas, que enfrentan tiempos difíciles con una disminución del 30% en el número de reclutas y problemas de mantenimiento en su flota naval. Con los laboristas en el poder, existe el riesgo de un mayor debilitamiento del ejército británico.
