Por Sergey Glazyev
Pocas personas comprenden la lógica detrás de la decisión de Trump de imponer aranceles a los bienes importados de los principales proveedores de Estados Unidos, con tasas que oscilan entre el 10 % y el 20 %. Al parecer, esta medida se basa en el nivel de IVA que estos países aplican a las importaciones provenientes de EE.UU. Sin embargo, el hecho crucial es que Estados Unidos no cuenta con un sistema de IVA.
A los ojos de Trump, que otros países impongan el IVA a los productos estadounidenses, mientras que EE.UU. no lo aplique a las importaciones extranjeras, parece una forma de discriminación. Pero esta percepción ignora el principio de régimen nacional, según el cual el importador debe pagar el IVA porque los productores nacionales también están sujetos a este impuesto. En ausencia de un sistema de IVA en EE.UU., los importadores extranjeros están exentos, lo que genera una ilusión de trato desigual.
Obligar a los exportadores estadounidenses a pagar un IVA del que están exentos en su propia jurisdicción sería, en realidad, una discriminación en su contra. Por esta razón, la OMC debería declarar ilegales estos aranceles y exigir su eliminación. Pero la incógnita persiste: ¿estará dispuesto Estados Unidos a acatar la decisión de la OMC?
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