Por Dennis Small (EIR)
«No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo estamos recuperando», dijo el presidente Trump en su discurso inaugural el 20 de enero. El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió el 22 de enero en un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos: «Rechazamos en su totalidad todo lo que ha dicho el señor Trump. Primero, porque es falso; y segundo, porque el Canal de Panamá pertenece a Panamá y seguirá perteneciendo a Panamá. El Canal de Panamá no fue una concesión ni un regalo de Estados Unidos».
El gobierno panameño también presentó una queja formal ante las Naciones Unidas el 21 de enero, invocando un artículo de la Carta de la ONU que prohíbe a cualquier miembro «la amenaza o el uso de la fuerza» contra la integridad territorial o la independencia política de otro. En una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, Panamá solicitó que el Consejo de Seguridad de la ONU se ocupara del asunto.
Al mismo tiempo, sin embargo, Panamá anunció que ahora planea una auditoría del Canal y de la Panama Ports Company, una filial del conglomerado con sede en Hong Kong CK Hutchison Holdings que opera los puertos de Balboa y Cristóbal en ambos extremos del canal. Según Financial Times, la Contraloría General de Panamá colgó un vídeo en X anunciando: «Hoy llegaron nuestros auditores a [la empresa] para iniciar una exhaustiva auditoría dirigida a garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos».
