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Los planes del gobierno mexicano para introducir tecnología de vigilancia nunca antes vista

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Los anuncios y maniobras del gobierno mexicano dejan claro que hay planes para introducir una tecnología de vigilancia nunca vista en la nación latinoamericana.

 

Por The Last American Vagabond

En el último año se han presentado nuevos proyectos de ley y se han anunciado nuevos planes por parte del gobierno mexicano que indican claramente un esfuerzo por introducir la vigilancia digital y la tecnología biométrica en una nación que hasta ahora ha evitado los programas de vigilancia empleados por Estados Unidos y Canadá. Las personas e instituciones que están detrás de este impulso enmarcan sus esfuerzos como intentos de proteger a los mexicanos de la delincuencia, así como de ayudar a millones de ciudadanos a incorporarse al sistema bancario.

Aunque estas medidas se promueven como un método para llevar a la población mexicana a la era digital y acabar con su condición de “no bancarizable”, la realidad es que los esfuerzos por modernizar México también se traducirán en menos privacidad y seguridad.

 

 

El plan de biometría para los teléfonos móviles

Recientemente, un plan propuesto para incluir los datos de millones de usuarios de teléfonos móviles en una base de datos biométricos ha causado controversia y cierto rechazo por parte de las empresas y los grupos de defensa de la privacidad. El plan prevé que América Móvil, AT&T Inc y otros operadores recojan los datos biométricos de los clientes, incluidas las huellas dactilares o el escáner de retina, que se recogen en una base de datos gestionada por el organismo regulador de México.

El proyecto de ley pide específicamente que las empresas de telecomunicaciones instalen equipos biométricos en cualquier lugar donde se vendan teléfonos móviles. Si alguien no entrega sus datos, los portadores de teléfonos móviles estarán obligados a cortar su servicio. Elena Estavillo, ex comisionada del IFT, el regulador de las telecomunicaciones en México, cree que esta medida aislará aún más a los mexicanos que dependen de sus teléfonos para acceder a Internet.

“Debemos destacar esto como algo muy preocupante porque puede ser una circunstancia que desanime o, para algunas personas, haga imposible el acceso a estos servicios, que es un derecho fundamental”, dijo Estavillo a Reuters.

Los partidarios de la medida afirman que no hay suficiente control de las líneas de telefonía móvil en México, de las cuales el 83% utiliza tarjetas SIM de prepago disponibles en las tiendas de la esquina. Argumentan que los delincuentes se aprovechan de esta situación utilizando los teléfonos de prepago para cometer secuestros para pedir un rescate. México es el país con mayor incidencia de este delito en Norteamérica y el tercero a nivel mundial, según la consultora internacional Control Risks.

El proyecto de ley cuenta con la oposición de la Asociación Mexicana de Internet (MIA) y del organismo de vigilancia de las telecomunicaciones Observatel. La MIA ha declarado que el registro costaría a la industria inalámbrica cientos de millones de dólares, pondría en riesgo los puestos de trabajo y crearía violaciones de los derechos humanos. Observatel dijo que la medida llevaría a que las personas fueran explotadas por malos actores y condenadas erróneamente por delitos cometidos por otros.

Irene Levy, presidenta de Observatel, dijo a Reuters que los delincuentes no van a acatar la nueva medida y que, en cambio, explotarán a personas inocentes. “Lo que hacen los delincuentes es pedirle a alguien que vaya a comprar determinadas líneas telefónicas, y cuando se cometa un delito con estos números, este chico o chica -que cogió el dinero por necesidad y se registró sin saber las consecuencias- irá a la cárcel”, declaró.

El proyecto ha sido aprobado por la cámara baja del Congreso y se espera que cuente con el apoyo del partido mayoritario MORENA y de sus aliados cuando se retome en el Senado.

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Si la medida se convierte en ley, México tendrá uno de los requisitos más estrictos del mundo en materia de bases de datos de teléfonos móviles. Según el lobby de la industria de las telecomunicaciones GSMA, alrededor del 8% de los países con registros exigen datos biométricos para las tarjetas SIM de prepago. Algunos de los países que exigen el almacenamiento de datos biométricos son conocidos por sus prácticas autoritarias, como China, Arabia Saudí y Pakistán.

 

 

¿Un DNI biométrico?

Otro ejemplo del impulso hacia una red de control tecnocrático es la reciente noticia de que la Cámara de Diputados de México aprobó una nueva ley que podría conducir a un sistema nacional de identificación digital. Forbes México informa que la Ley General de Población, Movilidad Humana e Interculturalidad crearía una nueva cédula digital y una base de datos personales de los ciudadanos mexicanos, incluyendo datos biométricos.

La “Cédula Única de Identidad Digital” sería de obtención gratuita y contendría nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad y datos biométricos, junto con un número único de Clave de Registro de Población (CURP).

La medida está pendiente de aprobación antes de convertirse en ley, pero es una señal más de que el gobierno y las empresas mexicanas empiezan a favorecer la digitalización de toda la vida de los mexicanos.

Esto quedó aún más claro a finales de 2020, cuando el banco Santander México anunció que había comenzado a registrar los datos biométricos de sus clientes para “hacer más seguras sus transacciones”. Santander dice que invertirá mil millones de pesos (48,9 millones de dólares) en cinco años para registrar a más de 3,7 millones de clientes durante la primera etapa.

La medida de Santander responde a una medida aprobada en 2019 que obliga a los bancos a recopilar datos biométricos. Según Santander, los datos biométricos incluirán el escaneo de huellas dactilares e imágenes faciales para “añadir elementos de seguridad a las transacciones en persona”.

 

 

De no estar bancarizado a ser rastreado

Los intentos de documentar los datos biométricos de los mexicanos para las tarjetas SIM, las cuentas bancarias y otras transacciones forman parte de un esfuerzo más amplio por modernizar un país en el que casi el 57% de la población trabaja fuera de la economía principal, gravada y documentada. Los mexicanos prosperan en la llamada “economía informal” o contraeconomía, con millones de personas que carecen de cuentas bancarias y un estimado del 90 por ciento de todas las transacciones completadas en efectivo.

Según un estudio de 2018, “aproximadamente la mitad de los hogares mexicanos no tienen acceso a una cuenta bancaria y, como resultado, dependen únicamente del efectivo”. La misma investigación estima que el uso de efectivo en el país crecerá… entre 2016 y 2021″.

A principios de 2020, el Banco de la Reserva Federal de Dallas, en Estados Unidos, señaló la diferencia entre la economía altamente rastreada de Estados Unidos y la gran contraeconomía de México:

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“El uso de efectivo en Estados Unidos está disminuyendo, con la proporción de transacciones de consumo liquidadas en dólares y centavos cayendo de 32 por ciento en 2015 a 26 por ciento en 2018.

La situación es muy diferente en México, donde alrededor del 90 por ciento de las transacciones de venta al por menor, alquiler, servicios públicos y transporte público se liquidaron en efectivo en 2018, una proporción que ha cambiado poco en los últimos años.[2] Los pagos que en otro lugar podrían hacerse fácilmente a través de la web o a través de una app se hacen en cambio en persona y en efectivo.”

Sin embargo, a pesar de la tasa de intercambios de efectivo hay esfuerzos recientes para limitar el uso de efectivo, especialmente sin alguna forma de verificación de identidad. Por ejemplo, en 2019 se informó que México está desarrollando reglas que limitarían la cantidad de efectivo que puede utilizarse para comprar bienes raíces.

Mientras que los políticos mexicanos afirman que sus esfuerzos están dirigidos a frenar la violencia o a ayudar a la gran población rural de México a unirse al mundo de la biometría y la banca digital para su propio beneficio, hay razones para ser escépticos de estos movimientos. Exigir a la gente que registre sus ojos o una huella facial para poder comprar una tarjeta SIM para un teléfono móvil, u obligar a la gente a utilizar una tarjeta de identificación digital, o limitar el uso de dinero en efectivo sólo perjudicará a las poblaciones más pobres de México. Las autoridades pueden promover los esquemas como una forma de ayudar a los grupos marginales, pero en realidad sólo los afianzará en la creciente distopía digital internacional.

A diferencia de los residentes estadounidenses, chinos y británicos, la mayoría de los mexicanos aún no se han acostumbrado a una red de vigilancia de 24 horas. No hay Centros de Fusión, programas de vigilancia masiva, cámaras de circuito cerrado de televisión omnipresentes que vigilen todos tus movimientos, ni herramientas de reconocimiento facial. Sin embargo, la agenda tecnocrática es global y es probable que Centroamérica y América Latina no se salven. Si el pueblo mexicano no se entera rápidamente de los peligros de este panóptico digital, puede caer en la pesadilla digital que ya conocen muchos ciudadanos de los países occidentales.

En lugar de aceptar las demandas del gobierno y de los bancos, la gente necesita reconocer el poder que se obtiene al estar fuera de la red de control. En lugar de precipitarse hacia las falsas promesas de la modernidad, el pueblo mexicano debería buscar fuerza y orientación en sus tradiciones indígenas.

 

¿Naciones soberanas o un Estado imperial de vigilancia? La pelea de Lyndon LaRouche por la justicia

 

Fuente:

The Last American Vagabond: Is The Technocracy Coming To Mexico?

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