Por Mente Alternativa
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), una agencia federal independiente creada por el Congreso de los Estados Unidos, ha demostrado ser un baluarte contra el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas gubernamentales durante más de un siglo. Recientemente, la GAO ha centrado su atención en DOGE, la agencia dirigida por Elon Musk, que ha sido acusada de operar de manera caótica y conflictiva, poniendo en riesgo la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos, como documentan Pam Martens y Russ Martens, en un reportaje original publicado en Wall Street On Parade.
Elon Musk, conocido por su enfoque disruptivo en el sector tecnológico, ha sido criticado por duplicar el trabajo de la GAO a través de DOGE, pero con resultados cuestionables. Mientras la GAO opera de manera no partidista y con transparencia, DOGE ha sido señalada por acceder de manera irregular a sistemas confidenciales del Tesoro de los Estados Unidos, incluyendo registros privados de ciudadanos. Este hecho ha llevado a que dos senadores, Elizabeth Warren y Ron Wyden, soliciten una investigación formal por parte de la GAO.
La GAO, al ser una agencia del poder legislativo, está protegida de interferencias del poder ejecutivo. Esto significa que ni el presidente Donald Trump ni Elon Musk pueden influir en sus investigaciones. Según un comunicado de la GAO, su misión es apoyar al Congreso en sus funciones constitucionales, y su personal no forma parte del sistema de personal del poder ejecutivo. Esta independencia garantiza que sus investigaciones sean imparciales y rigurosas.
Uno de los aspectos más preocupantes de DOGE es su aparente conflicto de intereses. Un análisis de Wired reveló que el sitio web de DOGE.gov utiliza códigos de etiquetas canónicas que redirigen a la plataforma X (anteriormente Twitter) de Musk, en lugar de promover su propio contenido. Esto sugiere que Musk está más interesado en generar tráfico para su plataforma personal que en operar DOGE de manera profesional y transparente.
Además, las supuestas “eficiencias” que DOGE ha logrado, estimadas en 55 mil millones de dólares, provienen principalmente de despidos masivos de empleados federales y la cancelación de contratos de arrendamiento, no de la detección de fraudes. Por el contrario, los gastos federales han aumentado debido a las demandas legales contra Musk y DOGE, que el gobierno debe defender con fondos públicos.
El 13 de febrero, los fiscales generales de 14 estados presentaron una demanda contra Musk, DOGE y Trump en el Tribunal de Distrito de Washington, D.C. En su denuncia, argumentan que Musk ha operado con autoridad ilimitada y sin supervisión adecuada, violando el principio de separación de poderes y generando caos en el gobierno federal.
La GAO ha documentado durante décadas la existencia de fraude y despilfarro en los programas federales. Un informe reciente estima que las pérdidas anuales por fraude oscilan entre 233 y 521 mil millones de dólares, lo que representa entre el 3% y el 7% del gasto federal total. Estas cifras son consistentes con las estimaciones de otros gobiernos, como el Reino Unido.
En resumen, la GAO sigue siendo un pilar esencial en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos. Su investigación sobre DOGE no solo expone las prácticas cuestionables de Elon Musk, sino que también refuerza la importancia de contar con agencias independientes que velen por el interés público.
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