Los gobiernos locales y nacionales se pelean por los tecnicismos, pero el cierre en sí nunca es cuestionado. Si bien es cierto que existen tensiones entre los gobiernos regionales y locales sobre el manejo de la pandemia, los desacuerdos que existen son meramente técnicos en cuanto al fondo. Todos los partidos en el congreso han demostrado su compromiso con la ideología de bloqueo de la élite globalista.
Por Alex Cameron
En los días previos a la fiesta nacional de octubre, Fiesta Nacional de España, las tensiones entre el gobierno nacional y regional sobre las nuevas medidas de bloqueo llegaron a un punto crítico. Esta vez, el conflicto se desarrolló entre el presidente del Partido Socialista, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso, la primera ministra regional de Madrid del Partido Popular conservador.
En las semanas previas a la fiesta de octubre, se celebraron negociaciones entre el gobierno central y las regiones para establecer nuevas estrategias de cierre. Se llegó a un acuerdo para imponer una nueva serie de medidas de bloqueo para las regiones y municipios con tasas de infección superiores a 1.000 por cada 100.000 habitantes (aunque éste no es el único indicador que puede conducir al bloqueo). A pesar de este acuerdo, Ayuso rechazó la imposición de las nuevas medidas a Madrid, advirtiendo que un cierre en todo Madrid sería un “desastre” económico. El bloqueo de este año ya había costado a la economía local más de 6.000 millones de euros. Dijo que los madrileños estaban siendo retenidos como rehenes, reteniendo ‘el motor’ de la economía española de la recuperación. Dicho esto, aceptó mantener las medidas en espíritu, mientras impugnaba su legalidad a través de la corte suprema de Madrid.
La corte devolvió su veredicto al mediodía del jueves pasado. Parecía reivindicar a Ayuso. Aunque el tribunal apoyó la necesidad de medidas, rechazó el marco legal utilizado para aplicarlas. Las restricciones a la movilidad, según los jueces, afectan a derechos fundamentales que sólo pueden ser restringidos con una legislación respaldada por el Parlamento.
Tras el veredicto, Sánchez le dijo a Ayuso que a menos que su gobierno planteara sus propias restricciones de cierre para Madrid, impondría un nuevo estado de alarma en la región. Ayuso prometió proponer nuevas medidas “sensatas, justas y equilibradas”.
Sánchez emitió un plazo al estilo del mediodía para un “plan detallado de restricciones” del gobierno de Madrid. Estaba ansioso por encontrar una solución al conflicto antes del fin de semana de vacaciones, temiendo una migración masiva de tres días desde Madrid al resto del país si no se imponían restricciones. Las horas pasaban y el silencio de Madrid era ensordecedor. El plazo se cumplió sin que Ayuso lo echara en cara y un nuevo estado de alarma fue impuesto por Sánchez a las 5 de la tarde del viernes 9 de octubre.
Si bien es cierto que existen tensiones entre los gobiernos regionales y locales sobre el manejo de la pandemia, los desacuerdos que existen son meramente técnicos en cuanto al fondo. Todos los partidos en el congreso han demostrado su compromiso con la ideología de bloqueo de la élite. El encierro no ha sido cuestionado en principio y nadie ha propuesto una visión o estrategia alternativa. Las divisiones que existen entre el gobierno nacional y regional son en gran parte cuestiones de política de partido.
Por más que este episodio entre Sánchez y Ayuso parezca elevado, no es un asalto a la democracia local por parte del gobierno central. Es un asalto a la democracia pública y nacional por parte de ambos. El desacuerdo público entre Sánchez y Ayuso es más análogo a una disputa en la sala de juntas entre personas que están fundamentalmente de acuerdo. Es un ‘blip’ en un pacto que de otra manera sería consensuado.
Sin embargo, incluso la pequeña disidencia de Ayuso con la ortodoxia del encierro fue recibida con indignación. Un editorial del diario más vendido de España, El País, se apresuró a pisotear todo lo que tuviera un tufillo de oposición al consenso del encierro. “La no aplicación de estas medidas significa dar al virus nuevas oportunidades de transmisión, lo que significa más infecciones, más ingresos hospitalarios y más muertes”, declaraba. Llevar al gobierno central a los tribunales fue “obstruccionista… irresponsable e imprudente”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, del PSOE, añadió: “No queremos gente en la unidad de cuidados intensivos”. La oposición de Ayuso era más que un tecnicismo, pero era suficiente para provocar la ira de la élite.
Mientras tanto, la estrategia autoritaria de Covid del gobierno no muestra signos de ablandamiento. Aunque no estemos encerrados en nuestras casas durante 24 horas al día como en marzo, sí estamos encerrados en restricciones interminables que tienen consecuencias desastrosas.
El recuento diario del “medidor de la muerte”, que se emitió todos los días durante el punto álgido de la pandemia, ha sido sustituido por un recuento diario de los infectados. Se presenta exactamente de la misma manera macabra, así que uno podría ser perdonado por no saber que hay un mundo de diferencia entre un caso y una muerte. La histeria sigue siendo una constante. Nuestra élite política está sucumbiendo cada vez más a la psicosis del Covid. Todos los días los políticos hacen amenazas apenas ocultas. Si no se comportan y hacen lo que decimos, se da el mensaje de que serán encerrados y pagarán el precio.
El único debate que se permite es entre los continuos cierres regionales y un cierre nacional completo. El cierre nacional puede haber terminado, pero hemos saltado de la sartén al fuego. El bloqueo total (la hibernación económica nacional, como se llamó) se ha transformado en una crisis económica, democrática y social de proporciones épicas. Ambas son igualmente insostenibles y ambas tienen consecuencias devastadoras. Las consecuencias para la salud por sí solas probablemente eclipsen el desastre de Covid a largo plazo. Peor aún, ninguna de las dos estrategias librará a España del virus.
La actual estrategia sin salida de un solo punto y la amenaza constante de otro cierre nacional, garantiza un año largo, duro y debilitante por delante, con sólo una recesión que esperar. El público se merece algo mucho mejor. En ausencia de un liderazgo político establecido, España necesita verdaderas voces disidentes.
Fuente:
Alex Cameron — Locked down Spain is like a one-party state.