Por Mente Alternativa
En una investigación publicada por Declassified, el periodista John McEvoy reveló que el gobierno británico ocultó pruebas cruciales en el juicio que evaluaba la legalidad de la exportación de armas a Israel, en medio de las acusaciones de crímenes de guerra cometidos en Gaza. A pesar de que organizaciones como Al-Haq, Amnesty International, Human Rights Watch y Oxfam apoyaron una demanda contra esta exportación, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido falló a favor del gobierno, permitiendo que continúe el suministro de piezas para los cazas F-35 utilizados por Israel.
El tribunal argumentó que no debía intervenir en asuntos “políticamente sensibles” y aceptó como válidas las garantías del gobierno israelí sobre su compromiso con el derecho humanitario internacional, incluso cuando sus propios ministros han sido sancionados por incitar a la violencia. Lo más preocupante es que, mientras la Real Fuerza Aérea británica ha recopilado miles de horas de vigilancia aérea sobre Gaza desde diciembre de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico no ha solicitado ni utilizado este material para evaluar las posibles violaciones de derechos humanos. En cambio, ha delegado esta tarea al Centre for Information Resilience (CIR), una entidad financiada en parte por gobiernos occidentales y con vínculos estrechos al propio Foreign Office. El Reino Unido incluso se negó a presentar ante el tribunal un informe de CIR sobre disparos a menores, pese a su obligación legal de hacerlo, lo que pone en entredicho su supuesta imparcialidad y el verdadero alcance de su responsabilidad en los crímenes de guerra en Gaza.
