Israel está experimentando un cambio de gestión, con la sustitución del primer ministro Benjamín Netanyahu por el nacionalista extremo Naftali Bennett. Benjamín Netanyahu es el Primer Ministro de Israel que más tiempo ha estado en el cargo (15 años), superando el mandato de 12 años del padre fundador de Israel, David Ben Gurion.
Por Philip Giraldi
Israel está experimentando un cambio de gestión, con la sustitución del primer ministro Benjamin Netanyahu, de línea dura, por el nacionalista extremo Naftali Bennett. Bennett ha favorecido en ocasiones la privación de derechos de los ciudadanos israelíes no judíos y la limpieza étnica de todos los no judíos de la Palestina histórica, matándolos si fuera necesario. Se opone a la creación de cualquier Estado palestino y describe habitualmente a los manifestantes palestinos como terroristas, al tiempo que afirma que hay que dispararles en el acto. También se ha jactado de haber disparado a palestinos durante su servicio militar, diciendo en un momento dado: “Ya he matado a muchos árabes en mi vida, y no hay absolutamente ningún problema con eso”. Estuvo muy involucrado en la “Operación Uvas de la Ira” en el Líbano en la década de 1980, donde su unidad de comandos mató a numerosos civiles, y se complace en relatar su participación en los crímenes de guerra de Israel.
Todo ello significa que no habrá un respiro en el brutal reino del terror de Netanyahu que se ha impuesto en Cisjordania, en Gaza y también en la propia Jerusalén. En todo caso, se intensificará la presión sobre los árabes para que se marchen. Ya hay pruebas de que el alto el fuego recientemente negociado fue poco más que una pausa en el plan para mitigar la presión internacional antes de seguir haciendo libre a la antigua Palestina. Unidades de la policía y el ejército israelíes han estado deteniendo a cientos de árabes, muchos de los cuales son ciudadanos israelíes, no porque hayan infringido ninguna de las “normas” impuestas por el gobierno de Netanyahu, sino como medida preventiva para tenerlos identificados, lo que permitirá encerrarlos con seguridad cuando comience la siguiente ronda de combates. Se ha informado de 1.800 detenciones desde que comenzaron los disturbios en abril, pero la cifra es probablemente mucho mayor. Se calcula que el 25% de los detenidos son niños y el 85% de los niños detenidos afirman haber sufrido abusos físicos. Además, al menos 26 palestinos han muerto mientras se resistían. Se ha afirmado que la policía, avergonzada por ser ridiculizada por los palestinos que protestan, está “ajustando cuentas” y “cerrando cuentas”, utilizando con frecuencia salvajes palizas durante las detenciones y como castigo colectivo para acabar con la resistencia árabe.
La policía israelí también ha actuado en la mezquita de Al Aqsa y sus alrededores, donde ha estado negando el acceso de los musulmanes al lugar sagrado mientras promovía las visitas turísticas de los judíos israelíes. Esto es una clara violación de las normas establecidas para el acceso a la mezquita y envía una fuerte señal a los palestinos de que hay más por venir y la intención es claramente que finalmente serán expulsados por cualquier medio necesario del Gran Israel.
El director del Centro Jurídico para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (ADALAH), Hassan Jabareen, observó recientemente cómo la violencia del mes pasado fue provocada deliberadamente por Israel para apuntalar las perspectivas electorales de Netanyahu, mientras que “la campaña de detenciones masivas anunciada por la policía israelí… es una guerra militarizada contra los ciudadanos palestinos de Israel. Se trata de una guerra contra manifestantes, activistas políticos y menores palestinos, empleando fuerzas policiales israelíes masivas para asaltar los hogares de los ciudadanos palestinos.”
Los israelíes, que claramente tienen sentido del humor, llamaron a la primera fase de las detenciones masivas “Operación Ley y Orden”. Las redadas propiamente dichas se han llevado a cabo dentro del propio Israel y en Cisjordania. Los palestinos que son ciudadanos de Israel tienen lo que frecuentemente se ha descrito como “derechos de segunda clase” en el sistema judicial del país. Aunque Israel afirma que sus ciudadanos árabes -aproximadamente el 20% de la población del país- tienen igualdad ante la ley, incluso el Departamento de Estado de EE.UU., favorable a Israel, ha acusado repetidamente a este país de practicar una “discriminación institucional y social” hacia sus ciudadanos árabes.
En consecuencia, los palestinos detenidos son acusados, imputados y, en algunos casos, detenidos indefinidamente en virtud de la legislación vigente sobre el estado de excepción y la lucha contra el terrorismo. Una acusación común es la de “incitación”, que requiere pocas o ninguna prueba. De hecho, muchos de los palestinos detenidos han sido puestos en libertad tras el pago de fianzas exorbitantes, de unos 1.000 dólares de media. Según se informa, un activista palestino pagó 7.400 dólares para ser puesto en libertad.
Cabe señalar que los colonos judíos armados que se amotinaron en el período previo a los enfrentamientos del mes pasado, destruyendo casas y otras propiedades palestinas, no han sido identificados ni detenidos por las autoridades israelíes. El activista Remi Kanazi señala cómo “el apartheid dentro de Israel se produce cuando las turbas judías israelíes cantan “muerte a los árabes” y brutalizan a los palestinos en sus barrios, mientras la policía no hace nada, sólo para que esos mismos policías lleven a cabo detenciones masivas de ciudadanos palestinos dos semanas después”.
Fuera de Israel propiamente dicho, otros palestinos, que son ciudadanos de la Autoridad Palestina o que tienen documentación de las Naciones Unidas, no tienen ningún derecho bajo la ley israelí y están siendo detenidos a voluntad y, en muchos casos, indefinidamente, sin ningún acceso a un abogado o a sus familiares. La mayoría de ellos no estaban haciendo nada ilegal, incluso para los estándares israelíes, cuando fueron detenidos. Eran culpables de ser palestinos.
Un ejemplo de cómo funciona el proceso es el conocido activista palestino Iyad Burnat, que ya había sido detenido a los 17 años y encarcelado durante dos años por haber lanzado piedras a soldados israelíes. Vive en Bil’in, en Cisjordania, y sus dos hijos han sido secuestrados en su casa en recientes invasiones nocturnas de las fuerzas de seguridad israelíes. Abdul Khaliq, de 21 años, fue secuestrado el 17 de mayo y Mohammed, de 19 años, el 24 de mayo. Están recluidos en el centro de detención de Almasqubia, en Jerusalén, y se les ha negado todo contacto con sus padres o con su abogado. Las autoridades israelíes no han dado ninguna explicación de por qué fueron detenidos en primer lugar.
En otro ejemplo reciente de la brutalidad de la policía israelí, al-Jazeera informa con detalle de cómo Mohammed Saadi, de trece años, fue secuestrado, vendado, golpeado y amenazado con una pistola en la cabeza por cinco policías que trabajaban de incógnito en su ciudad natal de Umm al-Fahem. Saadi formaba parte de los miles de personas que se reunieron en la procesión fúnebre celebrada por Mohammed Kiwan, un joven de 17 años que había sido asesinado a tiros por la policía israelí una semana antes.
Los activistas entre los palestinos observan que la represión israelí ha resultado contraproducente. La mayoría de los palestinos comprenden ahora que los israelíes pretenden exterminarlos. Un observador señala que “se ha roto la barrera del miedo. Las fuerzas israelíes se enfrentan a un pueblo que ya no tiene nada que perder. Los jóvenes de Jerusalén no ven que tengan un futuro al que aspirar, debido a factores socioeconómicos que son el resultado de las políticas de ocupación hacia ellos o que se ven agravados por ellas. Estas personas defienden su derecho a existir, sus hogares y su patria, y si no fuera por su resistencia, los colonos judíos habrían tomado el control de muchos lugares de Jerusalén”.
Está claro que el gobierno de Joe Biden no hará nada aunque el gobierno israelí detenga y torture a 100.000 árabes, pero hay un sentimiento creciente incluso en el Congreso y en los medios de comunicación controlados por los sionistas de que “lo que está mal, está mal”. La congresista Betty McCollum ha presentado en dos ocasiones un proyecto de ley, que languidece en el comité del Congreso, que pide a Estados Unidos que bloquee la ayuda a Israel que pueda ser percibida como utilizada para detener, golpear y encarcelar a niños. Su legislación, la Ley de Promoción de los Derechos Humanos de los Niños Palestinos que Viven Bajo la Ocupación Militar Israelí H.R. 2407, modifica una disposición de la Ley de Ayuda Exterior conocida como la “Ley Leahy” para prohibir la financiación de la detención militar de niños en cualquier país, incluido Israel.
McCollum argumenta que se calcula que 10.000 niños palestinos han sido detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes y procesados en el sistema judicial militar israelí desde el año 2000. Estos niños, de entre 11 y 15 años, han sido a veces torturados mediante asfixias, palizas e interrogatorios coercitivos. Se calcula que en septiembre de 2020 había todavía 157 niños detenidos en cárceles israelíes, una cifra que sin duda ha aumentado drásticamente dada la actual represión de la policía y el ejército. Aunque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, seguramente bloqueará cualquier intento de que el proyecto de ley de McCollum vea la luz, uno puede al menos honrar a la congresista por lo que está intentando hacer y esperar que algún día el gobierno de Estados Unidos actúe por fin de forma honorable y ayude a proporcionar libertad y justicia a los palestinos que llevan tanto tiempo sufriendo.
Fuente:
Philip Giraldi: The Israeli Government Is Changing, but Some Things Remain the Same; en Strategic Culture Foundation, 10 de junio de 2021.
