Por José Luis Preciado
La iniciativa DOGE, impulsada por Elon Musk, ha sido promocionada como un esfuerzo exitoso para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia gubernamental. Sin embargo, como señala Stephen Mack, los datos revelan que el Departamento de Defensa (DOD) ha quedado casi intacto por esta medida, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera intención detrás de la política.
Un desglose detallado de estos ahorros puede consultarse en el sitio web oficial de DOGE: https://doge.gov/savings. Mack también proporciona una tabla resumen con los datos más relevantes.
Desde su implementación, la iniciativa DOGE ha resultado en la cancelación de 5,630 contratos gubernamentales, generando un ahorro estimado en $19,000 millones. No obstante, de este total, solo 25 contratos pertenecen al DOD, lo que representa una fracción insignificante: apenas $10 millones, es decir, un 0.053% del ahorro global. Mientras tanto, otras agencias como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) han experimentado cancelaciones de 350 y 66 contratos, respectivamente, con recortes presupuestarios significativamente más notables en proporción a sus fondos.
Para dimensionar el impacto, el presupuesto del CFPB en 2024 fue de $924 millones, el de la EPA alcanzó los $10,000 millones y el del DOD escaló a $841,000 millones. A pesar de que el DOD maneja un presupuesto descomunal en comparación con estas agencias, los recortes en su gasto han sido prácticamente simbólicos. Esto genera dudas sobre si la iniciativa DOGE busca realmente una optimización del gasto o simplemente redistribuye los ajustes presupuestarios hacia sectores más débiles y con menor peso político.
El despilfarro dentro del Departamento de Defensa es un problema ampliamente documentado. Durante décadas, informes han denunciado el mal manejo de fondos, la corrupción en adquisiciones y la incapacidad del Pentágono para aprobar auditorías financieras. A pesar de esto, DOGE parece evitar abordar este problema estructural, centrandose en recortes a agencias regulatorias mientras deja intacto el gasto militar.
Es imposible ignorar el hecho de que Elon Musk mantiene una relación comercial lucrativa con el DOD a través de sus empresas, como SpaceX y Starlink, que dependen en gran medida de contratos militares. En este contexto, resulta válido preguntarse si la iniciativa DOGE representa un verdadero esfuerzo por la eficiencia gubernamental o si está diseñada para favorecer determinados intereses oligarquíacos.
Más allá de los números, la implementación de DOGE refleja un cambio en la gestión del poder en un mundo que ya no es unipolar. Como he señalado en otros artículos, no se trata de reducir el tamaño del gobierno, sino de redefinir sus prioridades para adaptarse a una nueva configuración estratégica. Al igual que los Doge (dogos) de la República de Venecia en la Edad Media, que delegaron la gestión de conflictos a terceros mientras perfeccionaba sus métodos de dominación a través de la economía y la tecnología, DOGE parece estar configurando una estructura de control que optimiza los mecanismos de poder sin desmantelarlos del todo, adecuándolos a un contexto regional en un mundo multipolar.
En definitiva, la iniciativa DOGE no parece estar orientada a una reforma real del gasto público, sino a un reajuste en función de nuevas prioridades. Mientras el DOD sigue operando con su presupuesto intacto, otros sectores experimentan recortes severos. Queda en manos de la opinión pública analizar si esta medida responde a una verdadera necesidad de eficiencia o si se trata de una cortina de humo para redirigir recursos sin afectar a los verdaderos centros de poder.
