La juez patriota estadounidense, Anna von Reitz, explica cómo ha sido posible que el público estadounidense, engañado deliberadamente tras la Guerra Civil, llegó a confundir a los subcontratistas estafadores de la corona británica y el Sacro Imperio Romano con su propio gobierno legítimo, debido a los nombres similares de los engaños, para acabar aceptando sus cargos vigentes hasta hoy en día.
Por Anna von Reitz
Después de que cesaran las hostilidades de la llamada Guerra Civil Americana en abril de 1865, nuestros dos subcontratistas federales, uno británico y otro afiliado al Sacro Imperio Romano Germánico, constituyeron sus organizaciones como corporaciones comerciales en el negocio de la prestación de servicios gubernamentales.
Continuaron su “guerra” mercenaria comercial entre ellos en nuestro suelo, sin nuestro conocimiento. Los Directores coludidos utilizaron este conflicto mercenario entre nuestros Empleados, sus propias Instrumentalidades, como la excusa para establecer un protectorado militar internacional en nuestro suelo en contravención de los Tratados de control, y más tarde emplearon un esquema de suplantación de identidad doble para embrollar a estadounidenses completamente inocentes y despistados en este juego de estafa de guerra perpetua con fines de lucro.
Afirmaron que estábamos “ausentes”, “desaparecidos”, en “interregno” —nada de lo cual era cierto, y que sigue sin serlo. No es posible que desaparezca un gobierno compuesto por personas vivas y legales. También celebraron elecciones corporativas privadas que parecían ser elecciones públicas, y sobre la base de este fraude, afirmaron representarnos a nosotros, la Federación no incorporada de Estados que hacen negocios como Los Estados Unidos de América y nuestra República Federal.
Esta ocupación militar por parte de nuestras propias fuerzas militares pagadas ha durado 158 años, todo ello sin que el público general de este país haya sido informado o asistido para hacer frente a la situación.
El Subcontratista Territorial Británico estableció franquicias de “Estado de Estado” para sí mismo y usurpó nuestro gobierno legítimo sustituyendo secretamente estas entidades por nuestros Estados Americanos y nuestras organizaciones comerciales de Estado Americano.
Todo lo que el público en general podría haber notado fue un cambio de “El Estado de Nueva York” a “el Estado de Nueva York”.
Estos estafadores también pretendían ser “Los Estados Unidos de América”—Incorporados. Y afirmaron, sin ninguna autoridad concedida, tener el poder de crear otras corporaciones “en nuestros nombres” (Ley de Corporaciones de 1870) y tener “Poderes de Emergencia” nunca concedidos a ellos.
Para 1907 todas las corporaciones que crearon “en nuestros nombres” estaban en bancarrota y se “presumía” que éramos responsables de sus deudas.
El público estadounidense, deliberadamente confundido y engañado, confundió a estos estafadores con su propio gobierno legítimo, debido a los nombres similares de los engaños, y aceptó los cargos.
Bajo el Derecho Municipal, también conocido como Derecho Civil Romano, a estas Corporaciones Municipales se les permite estafar y engañar a la gente, siempre y cuando no sepan que han sido estafados y engañados.
Sin embargo, una vez que las víctimas se dan cuenta, el fraude en cuestión lo borra todo, anulando incluso los pactos más solemnes.
Las víctimas han descubierto el fraude, que se remonta a 1860.
Todo es nulo e inválido, incluyendo todas las deudas que acumularon “en nuestro nombre”. Incluyendo también todas las acciones judiciales falsas en las que se han involucrado atrapando a los estadounidenses y haciéndose pasar por ellos, incluyendo todas sus reclamaciones de “guerra” mercenaria no declarada, incluyendo todas sus insostenibles quiebras.
No hay duda en el mundo racional de que los perpetradores de estos delitos de abuso de confianza y de derecho público nos deben más de lo que jamás podrán pagar, por lo que debe iniciarse un proceso de amnistía y condonación de la deuda y de reconciliación.
Como parte de esta primera ronda del esquema de robo de identidad nacional, fraude crediticio y fraude de bancarrota que se desarrolló en 1906-07, los llamados Fideicomisarios de los Estados Unidos tomaron el título de nuestra tierra como garantía que respaldaba estas falsas deudas comerciales, e instituyeron un sistema de impuestos a la propiedad que es completamente extraño para nosotros.
Millones de estadounidenses que nunca fueron ningún tipo de “ciudadano estadounidense” fueron deliberadamente identificados erróneamente como cofirmantes y partes complacientes y sus tierras fueron incautadas y retenidas a la fuerza como garantía de las deudas de estas corporaciones comerciales extranjeras.
Hay que tener en cuenta que los estadounidenses no sabían lo que estaba pasando, ni se le dijo nada al público en general sobre esto. Los perpetradores actuaron bajo el color de la ley, una vez más, pretendiendo ser el gobierno, cuando en realidad, sólo eran subcontratistas del gobierno, es decir, Empleados usurpando a sus Empleadores.
En 1933, lo hicieron todo de nuevo. Más dinero y poder para ellos, más deuda para nosotros, y esta vez, se apoderaron del valor de nuestro trabajo y de nuestros activos físicos individuales. Para comprender todo el alcance de sus atroces e insoportables pretensiones, léase la Ley Buck publicada en 1940.
Una vez más, el despistado público estadounidense no tenía ni idea de lo que estaba pasando y nunca se dio nada que se acercara a la divulgación completa. Excepto por una críptica referencia a una “causa sagrada” y una “consagración” en el Primer Discurso Inaugural de FDR, que técnicamente se dirigía sólo a los Empleados Municipales —los Estados y el Pueblo Americanos fueron mantenidos en la oscuridad para aprovecharse mejor de ellos.
Y de sus activos.
Todo esto empezó a desvelarse en los años 70 y 80. En 1998, ya sabíamos que habíamos sido defraudados y que habíamos sufrido una suplantación de identidad, un tráfico de personas y una conversión ilícita, aunque todavía no se había descubierto el alcance y el mecanismo completo del delito. Avisamos a la Agencia Tributaria Municipal y a la Agencia Tributaria Territorial, ambas.
Desde esta fecha, el 4 de abril de 1998, los autores y ambos subcontratistas federales organizados como corporaciones comerciales en el negocio de la prestación de servicios gubernamentales, han estado bajo constante notificación pública y debido proceso.
En este momento están intentando otro fraude de bancarrota y la sustitución de una nueva Corporación Municipal por su antigua cáscara de bancarrota —y ellos, representados por la Administración Biden, están intentando actuar como Sucesores del Contrato por un proceso de asunción.
Nos hemos negado por causa y hemos publicado nuestra determinación.
Mientras tanto, hemos descubierto la caracterización errónea de los estadounidenses por parte del perpetrador como personas/personas territoriales y municipales británicas, hemos tomado medidas para registrar nuestras identidades reales y nuestro estatus político, y hemos convocado a las asambleas estatales reales.
Estamos diciendo a la Corte de Justicia Internacional que no tenemos un contrato con la Administración Biden y no estamos permitiendo ningún proceso de contrato por asunción o acomodación.
Además, estamos informando plenamente a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte de Cancillería del Vaticano y a la Corte del Lord High Steward de todos estos hechos. Estamos moviendo a los tres tribunales para que procedan al descubrimiento, la investigación y el enjuiciamiento de estas corporaciones infractoras y sus funcionarios por el incumplimiento criminal de la confianza y el contrato y la violación de sus tratados y el Derecho Público y las Constituciones que definen ambas clases de ciudadanía extranjera que se han empleado para lograr este Gran Fraude.
No es suficiente quebrar estas entidades mientras se les permite incorporar un flujo interminable de organizaciones sucesoras. Los responsables de estos crímenes deben ser despojados de su privilegio de constituir corporaciones y debe reconocerse que, como en realidad nunca tuvieron ninguna autoridad para constituir corporaciones en nuestros nombres, esas corporaciones están en deuda con nosotros, no con ellos.
De hecho, se ha reconocido durante mucho tiempo y en varios lugares que todos los Cuerpos de los Estados Unidos y todas las Corporaciones de los Estados Unidos son nuestros deudores, y los remedios relacionados con estos hechos han estado en los libros desde 1863 sin la debida aplicación por parte de los otros Directores involucrados en estas violaciones criminales de la confianza, y sin la intervención de los tribunales o de la comunidad internacional, que en su mayor parte, se ha beneficiado de estos crímenes contra América y los estadounidenses, que han sido culpados por la criminalidad de estos mismos Opresores haciendo negocios “en nuestros nombres”.
Dado que existen leyes y tratados internacionales, convenciones solemnes y tribunales y fuerzas internacionales dedicados a hacer cumplir el derecho internacional, ya es más que hora de que estas instituciones y sus agentes pongan fin a este escandaloso fraude internacional, al abuso de confianza y a la violación de nuestra paz pública por parte de estas corporaciones comerciales extranjeras que trabajan en contra de sus empleadores en violación de sus conocidos contratos de servicio internacionales.
Nuestro Gobierno legítimo está de vuelta en su lugar y poniéndose al día con los asuntos largamente atrasados, incluyendo la Inscripción formal de los estados formados desde 1860 como Estados de la Unión. Esta acción establecida por el voto nominal de las asambleas estatales reales entró en vigor el 1 de octubre de 2020 y es retroactiva a la fecha en que cada uno de esos Estados incipientes entró en la condición de Estado territorial.
Ya no hay ninguna excusa para pretender que nuestro gobierno esté ausente o no se ocupe de sus intereses comerciales, ni hay ninguna razón para presumir ningún interés de custodia por parte de ningún subcontratista federal en nuestros activos de la tierra y el suelo, los activos en el mar y los activos de la jurisdicción aérea, incluidas las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales que nos corresponden.
Los tribunales no judiciales establecidos en nuestra tierra y suelo, que están siendo operados bajo el color de la ley como instrumentos para cobrar deudas que los estadounidenses nunca debieron, son operaciones ilegales e ilícitas de chantaje empleadas por la Iglesia Católica Romana y sus organizaciones afiliadas, el Gobierno de Westminster, y el Gobierno Territorial Británico de los Estados Unidos, todos los cuales nos deben Buena Fe y Servicio.
Nuestros activos deben ser devueltos y nuestra soberanía reconocida como un primer paso hacia la cordura y la defensa del Derecho Público sin el cual toda la civilización se convierte en una forma desagradable de Feudalismo, en el que bandas de matones o bandas de corporaciones comerciales, que es casi lo mismo, derrocan al gobierno legal y se aprovechan del Público al que se les paga para servir.
La conciencia del mundo debe ser despertada y alarmada por esta circunstancia y la acción tomada por cada nación respetuosa de la ley para examinar la condición de su propio gobierno y los tribunales, ya que esta infección parasitaria de las corporaciones comerciales que se hacen pasar por gobiernos legales se ha extendido a lo largo y ancho. Estados Unidos no es el único país que ha sido víctima de estos mismos charlatanes de mentalidad criminal.
Hay más detalles disponibles en la forma de nuestra declaración jurada de causa probable publicada en tinta húmeda, a partir de la página 222 de nuestro libro, “You Know Something is Wrong When….An American Affidavit of Probable Cause”, que la Fiscalía de la Corte Internacional de Justicia ha tenido en su poder desde septiembre de 2015.
Cómo el Vaticano y la Corona Británica se hicieron subcontratistas para gobernar EEUU
Fuente:
Anna von Reitz: Deconstruction of the Great Fraud for The International Court of Justice.
