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Alcalde mexicano: ‘La Secretaría de Salud nos amenazó con tomar acciones legales por promover el uso del dióxido de cloro’

Jonathan Ávalos, alcalde del municipio de Francisco Madero, en Coahuila, México, dijo al medio español Madrid Market Aravaca que la Secretaría de Salud de la nación mexicana le amenazó con tomar acciones legales por promover el uso del dióxido de cloro para el tratamiento de la Covid-19.

 

 

En Francisco Madero cunde la preocupación debido al número de contagiados por el coronavirus, de ahí que el alcalde Jonathan Avalos decidiera distribuir dióxido de cloro entre los enfermos. La reacción de la Secretaría General de Salud de México ha sido fulminante y ha amenazado al alcalde con emprender acciones en su contra, que podrían condenarle a hasta 16 años de cárcel por ayudar a sus ciudadanos con un tratamiento cuya efectividad está respaldada por científicos de todo el mundo.

La Coalición Mundial Salud y Vida en México (COMUSAV) explica que más de 3000 médicos de la coalición han documentado más de 10000 casos de pacientes que se han curado del Covid-19 con un tratamiento a base de dióxido de cloro que no cuesta más de $50 dólares ó $1000 pesos mexicanos.

El médico y vicepresidente de COMUSAV, Dr. Manuel Aparicio ha explicado cómo trata a sus pacientes en el Centro Médico Jurica, en Querétaro, México, sin violar ningún marco de legalidad constitucional, a pesar de ser perseguido por las autoridades sanitarias que obedecen al big pharma.

El tratamiento curativo y preventivo de dióxido de cloro desarrollado por el médico alemán, Dr. Andreas Kalcker, ha sido censurado y desprestigiado por el big pharma y la pseudo ciencia al servicio de la élites por representar una amenaza contra sus intereses geopolíticos y económicos, que incluyen una vacuna equipada con nanotecnología.

 

COMUSAV: Más de 3000 médicos documentan más de 10000 casos de Covid que se han curado con dióxido de cloro

 

 

Fuente:

Madrid Market Aravaca — A Jonathan Ávalos, alcalde mejicano de Madero, le pueden caer 16 años de prisión por distribuir dióxido de cloro entre la población infectada de coronavirus.

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